Me he sentido sorprendido al verte desconcertado a raíz de la actual discusión entablada sobre el futuro de las pensiones. Me preocupa que los jubilados de tu centro no las tengan todas consigo. Pienso que es normal que en tiempos de crisis económica, en los que las cuentas públicas flaquean por el lado de los ingresos, aparezcan posiciones y opiniones sobre cómo abordar los gastos sociales ineludibles.
Para vuestra tranquilidad debo decirte que, en el observatorio mundial en el que me muevo, este debate es materia habitual de profunda reflexión. Es cierto que lo que afecta a las consecuencias sociales de la crisis económica, en su ámbito global, y en particular todo lo relativo a la internacionalización del mercado de trabajo, no parece asunto prioritario en la política valenciana. Sin embargo, esto último no viene a cuento ahora y merecería otra nueva carta.
Tienes razón cuando señalas que, en el ruido armado, parecen haber faltado algunos argumentos básicos y asequibles. Entre ellos, que nuestro sistema de pensiones es público y, por tanto, no puede quebrar. Es decir, que en el supuesto de que los gastos superaran a los ingresos, las prestaciones están avaladas por el Estado y tendría que ser éste el que recurriendo a las cuentas públicas se hiciera cargo del pago de las prestaciones. Estaría bueno que el Estado, a través del Gobierno, avalara a los banqueros y no a los pensionistas en el caso improbable que hiciera falta.
Del mismo modo que, en otro ámbito, el Estado va a tener que pagar este año 2009 con impuestos recaudados una parte de las prestaciones por desempleo —que no podrán cubrirse con cotizaciones de empresarios y trabajadores—para que los parados con derecho tengan cobertura.
Me recuerdas lo que anteriores diputados decidimos en el Parador de Toledo hace 15 años. Efectivamente, allí nos reunimos representantes de todos los grupos parlamentarios con el fin de asegurar la viabilidad o sostenibilidad del sistema de pensiones español. La iniciativa de aquel encierro correspondió al presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Martín Villa, quien asumió un papel institucional olvidando su condición de diputado del PP. En honor a la verdad te digo que el presidente fue, como moderador del debate, muy reconocido en su función.
Fueron días duros porque partimos de posiciones muy enfrentadas. Hoy, con la perspectiva obtenida, puede asegurarse que, si quienes defendimos desde siempre la condición pública del sistema de pensiones hubiéramos cedido ante los que, en un momento en que el paro alcanzaba el 24%, auguraban catástrofes inminentes de no adoptarse medidas privatizadoras, tendrías hoy motivos para preocuparte.
Poderosos intereses económicos nos presionaron entonces para cambiar el sistema de reparto por el de capitalización privada. Inicialmente encontraron eco en el PP y, también, en Unio Valenciana. Hay que matizar que el PP no llegó a expresar públicamente lo que mantenía en privado, hasta el punto de que sus propuestas de reforma las plasmaron en un folio sin membrete, casi anónimo. Menos cauto fue el partido de Unio Valenciana, que propuso la privatización sin más contemplaciones.
El sistema financiero, aprovechando como siempre en favor propio la situación de crisis del momento, organizó entonces una ofensiva directa contra el sistema público que hizo patente a través de los medios de comunicación y mediante conferencias de ilustres autoridades mundiales en la materia que pregonaban las bondades de la protección social privada made in Chile de origen pinochetista —tú mismo conservas el bolígrafo de plata que te regalaron en una de las charlas—. Debemos recordar esto hoy en día en que, con aquellos maestros, tal vez escondidos debajo de sus mesas, los fondos privados de pensiones de varios países latinoamericanos han llegado a perder hasta un 40% de lo ahorrado. La llamada confiscación de tales fondos en Argentina no ha sido otra cosa que el intento de rescatar de manos privadas al menos lo poco que quedaba, para que los futuros pensionistas no lo perdieran todo debido a las turbulencias de la bolsa.
No cabe mejor prueba que esta última de lo acertadas que fueron las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Salvadas las grandes diferencias iniciales entre quienes representábamos a los grupos parlamentarios, se logró el definitivo consenso que hoy más que nunca habría que celebrar. El gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez, acaba de hacerlo al señalar que «deberíamos estar enormemente orgullosos del Pacto de Toledo». Cierto es que a los vientos en contra les hicimos frente, entre otros medios, con los argumentos mantenidos en la Unión Europea y, en particular, con los contenidos en el Libro Blanco de Delors. Esto último también habrá que recordarlo cuando, en la antesala hoy de las elecciones al Parlamento Europeo, no van a existir demasiados apoyos, parecidos al del socialista francés, favorables al modelo social europeo que algunos países ponen en duda actualmente.
Las prioridades de hoy no son las pensiones, que están absolutamente garantizadas. La prioridad es el empleo y el empleo digno. Puesto que una cosa es que las prestaciones sociales, y en particular, las pensiones de jubilación e invalidez, no sufran ningún peligro y otra bien distinta es la necesidad de que las cotizaciones sociales sean suficientes para la total cobertura de las prestaciones contributivas, tal como consensuamos en Toledo. Con la escasez del empleo correlativamente se produce la merma de las cotizaciones. Ojalá que no haya necesidad de recurrir a la salvación del Estado para cobrar lo que nos pertenece. Lo que es perfectamente evitable. El Fondo de Reserva, diseñado también en Toledo, es una garantía añadida cercana hoy a los sesenta mil millones de euros.
La olla a presión que supone la crisis en la que nos cocemos no debería hacernos olvidar las raíces y las bases en las que se sustenta nuestro sistema de bienestar social, que no pertenece a nadie en particular, ni mucho menos a quienes algo tuvimos que ver en su diseño, sino que forma parte del patrimonio social y cultural de la sociedad española a quien le pertenece. Sobre lo ya conseguido habrá, no obstante, que actuar en algunos temas urgentes que también constatamos en Toledo. Entre ellos, en la lucha decidida contra la creciente economía sumergida con el fin de que aflore el empleo oculto que no cotiza. Pero ésta es otra materia.
*Consejero de Trabajo de España ante la OIT
