¿Cómo se reparte el dinero de la dependencia?

VICENT COMES Hay cosas que no se están haciendo bien en la aplicación de la Ley de Dependencia. En eso, todos parecen estar de acuerdo. Sin embargo, las disensiones vienen por parte de unos y otros acerca de qué nivel de la Administración tiene más culpa en todo ello. Lo malo es que quienes lo pagan son los eslabones más débiles de nuestra sociedad. Aquellos que precisan de la ayuda de otros (familiares, cuidadores, profesionales sanitarios, asistencia social) para realizar actividades básicas de la vida diaria, y que ven pasar ante sí una larga lista de trámites antes de recibir la ayuda que precisan.
Tradicionalmente ha sido la familia —casi siempre la mujer— la que ha asumido con más voluntad que medios el cuidado de las personas dependientes a su cargo, llevando a cabo una verdadera labor social muy pocas veces reconocida. Esta situación ha ido agravándose a lo largo de las dos últimas décadas debido al crecimiento progresivo de la población mayor de 65 años y a la integración laboral de la mujer, lo que ha hecho que el incremento de la demanda de servicios de atención a estas personas haya llegado a niveles imposibles de satisfacer con los medios y la planificación actuales.
La Ley de Dependencia supone un avance indiscutible en el modelo de protección social de nuestro país, pero no es menos cierto que dependiendo del mayor o menor éxito en su aplicación la sociedad española podrá ser más justa en cuanto a la protección social de sus ciudadanos. En este escenario, cabe pedir a los poderes públicos mayor coordinación y decisión política en aquellas competencias que a cada uno le conciernen.
Aparte de eso, no hay que dejar escapar una cuestión de gran trascendencia para todas y cada una de las comunidades autónomas y es la configuración que va a acabar teniendo en cada territorio el servicio de atención a la dependencia, en función de cómo se reparta el dinero. Como hace unos días reconocía la propia Conselleria de Bienestar Social, no es lo mismo que se prime la atención a dependientes en centros especializados, donde se ofrece una serie de servicios prestados por profesionales, que se reconozcan ayudas a familiares por el cuidado de personas dependientes.
Desde luego, este último ejemplo puede ser oportuno en casos de leve dependencia, pero no debería serlo en la inmensa mayoría de las asistencias que se acaben reconociendo, si la Comunitat Valenciana apuesta por una atención basada en la persona y en la calidad del servicio como ejes fundamentales. Y, no sólo eso, las prestaciones que se les reconoce a los cuidadores pueden llegar a generar una nada desdeñable bolsa de economía sumergida, que perpetúe a las mujeres, sobre todo, en una actividad con unas condiciones de trabajo poco adecuadas.
No puede ponerse en duda la idoneidad de primar la atención y asistencia a los dependientes a través de centros especializados en la atención a las personas en función de las necesidades de cada paciente: residencias, servicios de atención a domicilio, centros de día, etc. Sólo así se conseguirá una atención adecuada y, por supuesto, la generación de empleo estable y de calidad y el dinamismo económico de un sector con gran potencial de crecimiento.
En ese sentido, desde el sector cooperativo, en el que se enclavan numerosas empresas de servicios sociales y de atención a la persona, nos gustaría que se dilucidasen algunos puntos como, por ejemplo, la configuración de la red de centros destinada a la prestación de los servicios socioasistenciales con los que se atiende a las personas dependientes. Desde las entidades representativas del cooperativismo y la economía social defendemos la necesidad de primar a las empresas sin ánimo de lucro habida cuenta, primero, de que han sido pioneras en prestar servicios de atención a la persona mucho antes de que resultase atractivo para otro tipo de empresas, que deciden su entrada o no en un nuevo mercado en función de la rentabilidad económica que puedan obtener, y, segundo, porque han demostrado operar en un ámbito tan sensible y vulnerable, el de las personas dependientes, basando su gestión en criterios como la calidad, la eficiencia de los recursos invertidos, el cuidado de la persona, la profesionalización del servicio, la participación de los trabajadores y la implicación de los propios usuarios del servicio, frente al criterio del máximo beneficio.
*Presidente de la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta)