La insuficiente victoria del partido Kadima de Tzipi Livni en las elecciones de febrero en Israel y la nueva jefatura de gobierno en manos de Bibi Netanyahu, con el inquietante Avigdor Lieberman de ministro de Asuntos Exteriores parecen haber dejado de lado en la agenda política inmediata el debate y los esfuerzos en pos del establecimiento de dos Estados en lo que fue la Palestina británica y hoy son Israel y los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza.
Esta opción de dos Estados independientes y separados entre sí, que fue la planteada por el Plan de Partición de la ONU de 1947, y que no fructificó en aquel momento por la oposición radical de los Estados árabes, continúa siendo la opción preferida por la mayoría de las poblaciones israelí y palestina, aunque no de sus políticos. Sin embargo, desde los Acuerdos de Oslo de 1993, que llevaron al establecimiento de la Autoridad Palestina, sólo en Diciembre de 2007 durante la Conferencia de Anápolis empezó realmente a articularse una solución cuyos contornos generales contemplan ya la posibilidad de un Estado Palestino, vecino y separado del Estado de Israel.
La reciente, y por ahora primera, visita a Oriente Medio de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ha vuelto poner sobre la mesa, no obstante, la verosimilitud de esta opción al haberse decantado por ella la administración de Barack Obama. Al mismo tiempo, la Unión Europea acaba de repetir la presencia de «dificultades» en su relación con Israel en el caso de que no haya progreso en el establecimiento de un Estado palestino.
Muchos son, no obstante, los obstáculos políticos a una solución de este tipo. Ello incluye el carácter complejo del sistema electoral israelí que hace posible la elección de representantes de pequeños partidos y raramente permite establecer mayorías claras y estables de gobierno, lo que da excesivo poder a dichos pequeños partidos cuyos intereses suelen ser muy distintos de los de la mayoría. Incluye también las profundas desavenencias entre las facciones políticas palestinas, algunas de las cuales siguen contemplando la destrucción de Israel en su programa, lo que de nuevo dificulta soluciones de consenso entre los propios palestinos. Incluye igualmente la proliferación de asentamientos israelíes en los territorios palestinos, que es considerada contraria a derecho por la comunidad internacional y lógicamente deberán ser cedidos a los palestinos una vez se logre un acuerdo final; ahora bien, las complejidades legales y los costes de trasladar a los residentes en esos asentamientos (que superan el medio millón, de una población total en Israel de unos 7 millones), así como su poder político, que ha crecido con su número (la población de esos asentamientos en Cisjordania se ha triplicado en los últimos 15 años) no hacen sino aumentar y ser un mayor obstáculo para cualquier posible acuerdo, pues no es concebible que ni esos colonos ni los palestinos acepten que una población de tales dimensiones permanezca en lo que sería el nuevo Estado palestino.
La situación empeora por el hecho de que para los palestinos la idea del Estado que parece querer perfilarse para ellos, con dos zonas separadas geográficamente y con una independencia económica muy limitada, parece resultar cada vez menos atractiva. El desequilibrio demográfico entre judíos y palestinos dentro del propio Estado de Israel es notable, lo que juega a favor de estos últimos: mientras en Israel la población no judía sólo representa un 20% de la población total, el tamaño de las poblaciones es casi idéntico cuando también se incluyen en el cálculo a quienes viven en los territorios gobernados por la Autoridad Palestina (y ello sin contar con los refugiados palestinos que viven en Líbano, Jordania, etc.); lo que es más importante, la tasa de natalidad de los palestinos es muy superior a la de los judíos israelíes, lo que haría que en un plazo relativamente breve, la población palestina podría ser mayoritaria incluso dentro del propio territorio de Israel.
Una situación así haría difícilmente compatible la pervivencia, como democracia, de un estado judío, que es la razón última de la existencia de Israel. Precisamente por ello, el mayor interés estratégico del Estado de Israel (superior a la definición exacta de las fronteras o al hecho de que Jerusalén Este deje de estar bajo su control o soberanía) es una solución rápida a la estatalidad de Palestina mediante el establecimiento de dos estados separados, uno israelí y otro palestino. Cualquier otra solución llevaría bien a un Israel no democrático y difícilmente sostenible o a su desaparición como estado judío y último refugio ante intolerancias y amenazas antisemitas, una constante histórica en la vida del pueblo judío. Esto es algo que parecen comprenden ambas poblaciones, israelí y palestina, aunque sus políticos se empecinan en ignorar.
*Jefe adjunto de Análisis Económico. Dirección General de Relaciones Exteriores. Comisión Europea