Impunidad y privilegio

Emili Piera

En los mismos días en que el Supremo norteamericano ha exculpado a los mandos políticos y militares y a los altos cargos del espionaje de los delitos de tortura cometidos en Abu Ghraib, Guantánamo y otras siniestras mazmorras, un juez español ha decidido exculpar a Federico Trillo de toda responsabilidad en el accidente del Yak, en el que murieron decenas de militares españoles y pese a que el gobierno de Aznar, que había gastado más de ciento setenta millones en dos aviones con asientos de cuero para el jefe del Estado y el jefe de Gobierno, «permitió después que los soldados volasen en una cafetera de desguace con la tripulación borracha» (Ignacio Escolar).
Algo parecido ocurrió hace años con el señor X y los GAL. La depuración de responsabilidades se detuvo en el nivel de ministro. No lejos de aquí, en Italia, un juzgado milanés ha establecido que Berlusconi untó repetidamente a un tal Mills, abogado inglés, por prestar falso testimonio. No es fácil, en una democracia normal, y aún menos en un sistema plebiscitario televisado, procesar a un primer ministro: sobre todo si don Silvio se ha escanciado, previamente, una ley de impunidad y si es, también, el dueño de los platós y periódicos del país.
El principio republicano de la igualdad de todos ante la ley está amenazado, también en las monarquías constitucionales, en eso no debemos de tener complejos. ¿Se acuerdan de la soldado Lynndie England, aquella que paseaba a un preso loco atado a una correa de perro? Una pobre pringada que destripaba pollos en West Virginia antes de ingresar en el Ejército (con la intención de llegar a la universidad) y a quien no le importó hacerse fotos mientras la sodomizaba su novio. Sigue en la cárcel. Ha habido alguna condena más a soldados, que no hubieran torturado por sistema —como recoge un amplio catálogo de fotos— de no haber contado con la aprobación de los generales, de Cheney, de Ashcroft, de Bush niño?