El médico general del «Yak-42»

Matías Vallés

La frase más reveladora de la inteligente sentencia sobre el Yak-42 figura al comienzo de los hechos probados. Se destaca allí que los tres militares y médicos, condenados por falsificar treinta certificados de defunción, «fueron comisionados por el Ministerio de Defensa». La Audiencia Nacional, incorporada en Gómez Bermúdez, alcanza sibilinamente el límite de su competencia en el reparto de responsabilidades. El tribunal condena a Federico Trillo sin nombrarlo. La cartera del Ejército se inscribía en una estructura conocida como Gobierno, cuyo vicepresidente ejecutivo se llamaba Mariano Rajoy —por aquellas fechas, Aznar ya se había mudado al golf a tiempo completo.
Rajoy no defiende a Trillo por convicción, sino por obligación, porque ambos comparten la información sobre lo sucedido en las fechas que siguieron al accidente del Yak-42. La hipótesis de que el médico general Navarro se ha inmolado por las más altas magistraturas de la nación trasciende la mera conjetura. Tras la condena a prisión, se ha enfatizado la pertenencia de los falsificadores al Ejército, olvidando que tiene mayor gravedad su condición de médicos, con una asignatura de Deontología en el programa de su carrera. Si unos facultativos están dispuestos a falsificar certificados de defunción a mansalva, en qué lugar queda la profesión a la que los ciudadanos entregan literalmente sus vidas.
La Audiencia ha condenado la obediencia indebida, pero la polarización en el médico general no exonera a los escalones superiores, en un ministerio tan jerarquizado como Defensa. La indolencia característica de Rajoy le llevó a subestimar cualquier riesgo de contaminación cuando en el programa Tengo una pregunta para usted le respondió a un participante que Trillo había sido «ministro de?Justicia», cartera que nunca desempeñó precisamente porque suspiraba por ella. Con los datos disponibles hasta la fecha, el Gobierno del PP ocultó datos —si no mintió directamente— en dos de las mayores catástrofes de la historia reciente, el 11-M y el Yak-42. Gracias a sendas sentencias de tribunales presididos por Gómez Bermúdez, hoy se le puede preguntar a Aznar por la fiabilidad de sus recetas en el libro España puede salir de la crisis, cuando su administración ni siquiera supo llevar a cabo un recuento de cadáveres. Según la sentencia, en un momento dado no coincidieron las bolsas dispuestas para los restos humanos con el número de pasajeros del avión.
Salvo en el reino de la utopía, la sentencia no puede desligarse de los condenados —un médico que además es general de?división— y del ámbito en que se produce —el Gobierno que les comisionaba—. A falta de decidir si Trillo ha ofendido en mayor grado a su condición de militar o de jurista, su participación en el proceso judicial se limitó a una protectora declaración por escrito en la fase de instrucción. Por lo visto, ha quedado exonerado de la cacería judicial contra su partido que denunciaba con cansina insistencia, mientras pedía la cabeza de Bermejo por abatir jabalíes. A quienes consideran insuficiente el grado de implicación asignado al ex ministro, cabría preguntarles si hubieran preferido un juicio con Trillo absuelto por falta de pruebas. Al permanecer en los cargos cuya deontología ha vulnerado con más gravedad que el médico general, el portavoz de Justicia del PP ni siquiera puede culpar a los magistrados de haberle obligado a participar como testigo. De ahí la comprensible irritación del Ejército.
Aunque presuma de ello, un tribunal no desvela jamás los extraños mecanismos que le han guiado hacia una condena. Cuando el fallo del Yak-42 encuentre al Leonardo Sciascia dotado del coraje suficiente para desmenuzarlo, dedicará un capítulo al trapisondismo —dado que la catástrofe tuvo lugar en la legendaria Trapisonda turca— del Gobierno y de las defensas. El médico general y el aznarismo trataron a Turquía como un país tercermundista, extraído de sus apolillados recuerdos de Expreso de medianoche. A la hora de la verdad, España ha quedado reducida al estatus de república bananera en asuntos forenses. El Ejército se recuperará antes que la profesión médica del deshonor relatado y evaluado por la Audiencia. Mientras tanto, los contribuyentes pagarán a escote las indemnizaciones a las víctimas, con el pensionista Aznar muy ocupado en predicar sus infalibles salidas a la crisis económica.