Con toda humildad y respeto hay una pregunta que no cuadra del cuestionario del magistrado José Flors para los 35 altos cargos — más o menos políticos— de la Generalitat Valenciana para establecer la relación de los interpelados con los responsables políticos a la hora de concederle un contrato a Orange Market, una empresa que, a juzgar por lo que ha trascendido, los «sedujo» a todos. La cuestión planeada, digamos tonta, es si el cargo interrogado dependía directamente de alguno de los imputados. Todos, directa o indirectamente, de Camps. No hace falta saber mucho de administración para llegar a esa conclusión. Por eso cuando una directora general le precisó el martes al magistrado que de Camps sólo depende «desde 2007» es una guasa. De toda la vida, más bien.
