Parece que ciertos próceres en situación enojosa a causa de sus amistades inconvenientes, sus conversaciones inoportunas y su tendencia a no pagar los trajes quieren utilizar las próximas elecciones al Parlamento Europeo como coartada para liberar sus culpas, incluso dejando de lado —de momento— las posibles consecuencias penales derivadas de ellas. La fórmula, hecha pública en los mítines, que para eso están, consiste en sostener que un apoyo electoral importante a los candidatos de su partido significaría la absolución popular, que es la que cuenta.
El esqueleto lógico de semejante razonamiento es tan pintoresco como inestable. En primer lugar, la comisión o no de delitos tiene muy poco que ver con las consultas electorales, salvo por el detalle de que según qué sentencias inhabilitan para el ejercicio de cargos públicos. Por añadidura, los candidatos a las instituciones europeas no son los próceres en apuros. Quienes se presentan habrán sido elegidos, apoyados o sostenidos por éstos, pero, salvo que entendamos al cupliparlante no ya como alguien sometido a la disciplina de un partido, sino a guisa de marioneta que funciona a imagen y semejanza del líder, poco cabe concluir de esa traslación de apoyos.
Y aun así…
No nos engañemos. Lo que se está jugando en las próximas elecciones europeas es la idea misma de lo que cabe y lo que no cabe hacer en la política. Es deplorable la imagen que estamos proporcionando a fuerza de ví-deos en los que se quiere identificar al adversario con Gengis Khan, Atila y Adolf Hitler y de actos electorales en los que se ataca a los fiscales y los jueces tachándoles de inquisidores. Pero peor aún resulta que transmitamos a la ciudadanía el mensaje de que una victoria electoral absuelve de cualquier delito. Es evidente que lo que se busca mediante ese recurso es el voto ciego de quienes están dispuestos a apoyar a los suyos hagan lo que hagan. Vótenme, dice la letra de la canción, porque de tal manera dará lo mismo que me condenen. Pues bien, y si eso se logra, ¿qué?
La puntilla final a una justicia ya muy maltrecha tras los episodios de nombramiento de magistrados en los altos tribunales en función de la ideología de los candidatos aparecerá cuando una victoria electoral —modesta o por avalancha, tanto da— conduzca no sólo a que los delincuentes sean aclamados como líderes, sino a la consecuencia mucho peor de que los propios juzgados les liberen de sus cargos. No sé si estamos cerca o lejos de ese supuesto pero lo que no se le escapa a nadie es que la idea de la absolución popular apunta en dicha línea.
Qué lejos quedan aquellos tiempos en que la doctrina de la responsabilidad política exigía la dimisión no sólo a los convictos, sino incluso a los imputados. Peor es quizá que el mismo partido que enarboló aquella bandera en pro de la honestidad política sea el que recurre ahora a la figura de la absolución popular.