Hay honestos contribuyentes que hacen en estos días de junio la declaración de su renta con verdadera satisfacción y pagan sus tributos como buenos patriotas. Pero si algo les rebaja el placer de pagar, que el que paga exige, es el hecho de que otros con más recursos retraigan sus pagos o los eludan. Y en ese sentido se sienten indefensos, piensan que el Estado no hace todo lo que debe por perseguir a ese tipo de ilegales; que no cuida sus arcas o que despilfarra en cirios devotos su dinero. Las arcas del Estado son para tales patriotas, que sienten la patria en el bolsillo más que en el verbo florido, sus propias arcas.
Les indigna por tanto lo mismo el Moët Chandon que a su costa consumen las autoridades en los veleros de los grandes eventos, para brindar con los sobrados de pasta, que la ocurrencia de dar religión en chino mandarín, si se tercia. No hay nada como la estima por el dinero propio para vigilar lo que pasa. Así que el contribuyente honesto, ante los juegos de niños de sus representantes en los parlamentos, no consulta manuales de conducta ni acude a los psiquiatras eminentes para interesarse por ese personal contratado, sino que se pregunta simplemente cuánto le cuesta. Tampoco recurre a medidores de talento cuando encuentra a sus servidores públicos escasos de sapiencia o de prudencia; se pregunta tan sólo por el precio de tamaño servicio. Si los ve bien vestidos, piensa que con lo que ganan ya pueden, pero si se entera de que sus atavíos corresponden a las generosas donaciones de quienes a cambio piden algo que tiene que ver con sus impuestos miran a la Justicia; miran a la Justicia y al Estado. Y por eso quedaron aliviados el martes cuando el ministro de Justicia anunció que el Estado va a personarse en el sumario del llamado caso Gürtel.
Sólo aliviados. Los contribuyentes honrados no agradecen al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, faltaría más, pero les da un respiro no sentirse indefenso esta vez ante los abusos del único corazón de la patria que reconocen: su caja fuerte.
Y aparte. No pueden entender los celosos contribuyentes que un empleado suyo en el Congreso, Esteban González Pons, tenga de los jueces y fiscales tan mal concepto que piense que el Gobierno los domina. Pero menos aún entienden que si el Gobierno los dominara supuestamente para perseguir a supuestos delincuentes, su señoría, ay, su señoría, atribuya semejante intrusismo a un mal perder del Gobierno, se supone que en las elecciones europeas. No ya porque el gobierno de España no sea el de Europa, y esté legitimado por las elecciones generales que ganó en 2008, sino porque les cuesta entender que el diputado en cuestión cobre de sus impuestos para proteger bolsillos particulares.
Pero ante casos como el de González Pons no se limitarán los contribuyentes a preguntarse por cuanto les sale un parlanchín de ese fuste, sino que tratarán de averiguar también qué precio tiene el silencio de su jefe, Mariano Rajoy, que no acepta preguntas ni da más respuestas que las que quiere, y que tampoco al parecer se fía de los jueces. O cuál es el gasto que supone callar a María Dolores de Cospedal, cuando de responder a cosas fea se trata, y dar lugar a que hable González Pons, que piensa lo mismo que los silentes y lo expresa con más descaro. Bien es verdad que él trata de ganarse su sueldo: cuando le toca hablar no pasa desapercibido.