Una vez más, y con todo sigilo, el Consell ha decretado el recorte sumarísimo de un 35% de lo presupuestado para las inversiones de este año, las subvenciones y las ayudas para invertir. La situación es calcada a la del año pasado. El cambio se aprobó hace casi un mes, el 22 de mayo, y no se ha dado cuenta de este acuerdo en ninguna de las ruedas de prensa siguientes a las reuniones del Consell. Igual que el año pasado, no se ha publicado en el DOCV y ha tenido que ser la diputada de Compromís, M. Mollà, la que desvele este tajo. Todo ello nos lleva a pensar lo absurdo de este intento de esconder algo que afecta tanto a la economía valenciana y que, por su propio peso, incluso sin la labor de oposición de un partido, se llegará a conocer. Pero es más. Conviene hacer la reflexión de que, también un año más, este recorte de tan alto porcentaje, mayor que en 2008, pone en tela de juicio la sinceridad de las cuentas que elabora el Consell y aprueban las Corts si, cuando se alcanza casi la mitad del año, es modificado de forma tan espectacular. Afortunadamente, la voluntad del decreto salva las partidas con marcado carácter social, sin reducir la prestación de los servicios públicos que dependen de la Generalitat, y persigue, como así se dice en el texto, la contención del déficit público. Quedan dos preguntas en el aire: ¿por qué no ajustarlo así desde el principio?, y la más importante: ¿adónde irán ahora a parar
estos «ahorros»?