Tal como han llegado en este momento, grosso modo, los planteamientos de las comunidades autónomas a las puertas del gobierno de Zapatero para redefinir el nuevo modelo de financiación autonómica no es arriesgado ni simplista centrarlo en la realidad de la población en cada una de ellas. En ese aspecto parece que se decantan dos visiones a la hora de abordar el cuadro: el aumento en algunas zonas y su dispersión y características en otras. La pretensión del presidente gallego de formar lo que podríamos llamar un frente común, expresión que no le gusta a Núñez Feijóo, o una postura en común de comunidades como las de Asturias y Castilla-León pudo servir de telón de fondo del encuentro de ayer de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado con el vicepresidente Manuel Chaves.
Este planteamiento supone una grieta en el discurso general del PP y un choque, si no frontal, sí al menos formal, con los postulados que con justicia viene defendiendo el Consell de Camps. Mientras un grupo pide que se mantenga el modelo teniendo en cuenta la dispersión, el envejecimiento o el elevado porcentaje de emigrantes, el de Valencia, Cataluña y Madrid se centra en el crecimiento —un millón de personas en el caso valenciano— experimentado en los últimos años, lo que requiere una ampliación de los servicios que necesariamente se ha de atender y, desde luego, se convierte en una reivindicación irrenunciable.