España tiene pendiente la modernización y reforma de la administración de justicia para que ésta sea más útil a los ciudadanos y para que contribuya a construir una sociedad mejor y, obviamente, más justa. El país cuenta con diez juzgados por cada 10.000 habitantes, mientras Alemania dispone de veintiséis y la media europea es de 19,8. España ocupa el lugar 36 en un listado de 42 países europeos. En ese sentido, Moldavia, Ucrania, Albania y Rumanía tienen un mayor ratio que el Estado español. En nuestro país se invierte en justicia el 0,29% del Producto Interior Bruto, frente al 0,39 de Alemania o el 0,82 del Reino Unido. En en el ámbito nacional, el panorama que presenta la justicia no es satisfactorio para atender las demandas sociales, por mucho que reconozcamos que se han venido produciendo algunos apuntalamientos, insuficientes a todas luces: esta semana ha debido cerrar un juzgado en Valencia por falta de personal. El buen funcionamiento de la justicia es crucial en un Estado democrático. El actual Gobierno anunció que iba a llevar a cabo una reforma estructural del sistema, pero la caída del ministro encargado del proyecto ha dejado paso a un nuevo diseño del plan inicial que en esta fase está negociando el nuevo ministro, y al parecer con una mayor voluntad de consenso. Hay que desear que esa reforma integral de la Administración de Justicia se acompañe de las inversiones necesarias para que resulte efectiva en la práctica, más allá de sus contenidos. Dicen que la justicia no da votos y es por esa razón que los gobiernos no la colocan entre sus prioridades, pero la responsabilidad para el tercer poder del Estado funcione adecuadamente es irrenunciable.