Dentro de pocas semanas se va a decidir la financiación autonómica y, con ella, la calidad y recursos con los que los habitantes de la CV pelearemos por nuestra salud (o finalizaremos nuestra existencia), un tema nada menor. Cuando nos dotamos de un sistema autonómico, las primeras transferencias de Madrid venían por capítulos (sanidad, educación, etc.) que aproximaban, con más o menos exactitud y finura, la proporción que el antiguo y centralizado presupuesto estatal dedicaba a cada flamante autonomía. Más tarde vino el actual sistema, donde cada una recibe sus transferencias e impuestos a gestionar, que el Gobierno respectivo gestiona en base a sus prioridades. La proporción que va a sanidad, educación, grandes eventos, etc. desde hace más de un lustro es responsabilidad legítima de la GV, quien para afrontar la diversidad de objetivos no ha tenido dudas en alcanzar la cifra de deuda per capita más alta de todo el Estado. Ello no oculta la importancia del actual debate, que parece haber superado a Zapatero y a su equipo, sobre la parte que del total nacional debe llegar a cada autonomía.
Con lo vivido, la angustia crece. En la CV, más allá de las nuevas expectativas de financiación presupuestaria (nunca superiores a los 1.100 millones, menos del 10% de la deuda que arrastramos), la posición de nuestra sanidad no es buena. Además de las facturas que la conselleria tiene sin pagar, contando con el 40% del presupuesto de la GV, el gasto anual en salud por valenciano es de 1.159 euros, la cifra más baja de todas y muy alejada del País Vasco (1.607) y Extremadura (1.581).
¿Es esta pobreza achacable al modelo de financiación y al incremento de población que hemos experimentado? Sí, aunque sólo en parte. Con independencia de fallos del equipo de Zaplana a la hora de pactar las condiciones iniciales de financiación, la realidad habla de un trasvase constante de partidas que deberían estar dedicadas a la asistencia sanitaria, camino de otros menesteres. Sirva el botón de muestra el ofrecer asistencia sanitaria gratuita a todo británico que decidiera vivir en Alicante, previa compra de una propiedad inmobiliaria.
El hecho de llegar a pedir al Estado que mantenga un mínimo para la solvencia presupuestaria de la sanidad pública valenciana no es sólo una reacción a la actuación del PP, sino también al tremendo vacío conceptual que emana desde el PSPV. Un partido político que quiera acceder a la Generalitat debe analizar las condiciones de contorno económicas, sociales y tecnológicas sobre las que va a basar su política de sanidad. Ser alternativa supone saber gestionar un sector cuyo crecimiento en el gasto es una constante universal, con grandes avances científicos que permiten alargar la vida y hacer una medicina mejor, pero no más barata. Es un crecimiento que supera al de los PIB de todos los Estados y con la crisis económica es suicida no tomar medidas a favor de la conservación de unos mínimos presupuestarios racionales para la sanidad.
Se trata de debatir entre todos, y en especial con nuestra excelente clase médica, en cómo mantener una sanidad sin que el sistema se degrade. En Cataluña está en marcha un gran acuerdo de partidos políticos, industria farmacéutica, sindicatos y ciudadanos para dejar de ser pasivos en un período en el que hay riesgos en el porvenir de la red sanitaria. Sobre la mesa hay varias medidas tan necesarias como impopulares:
- Utilizar todas las alternativas posibles antes de recurrir al médico. Ello incluye explotar las posibilidades que ofrece la web actual, cosa para la que Obama acaba de proponer importantes inversiones.
- Fijar algún sistema de cofinanciación para los servicios con un posible copago.
- Revisar el sistema de pago de medicamentos, por el que el trabajador activo abona el 40% y son gratuitos para el jubilado. Entrar en el especial sistema sanitario que funcionarios y asimilados disfrutan.
- Vincular el incremento salarial al incremento de productividad; priorizar el mérito profesional en el nombramiento de gestores; avanzar en la obligación de rendir cuentas de forma transparente y objetiva.
- Favorecer el trato fiscal del gasto sanitario privado y de seguros. Ajustar los nuevos equipos a las posibilidades presupuestarias reales. Racionalizar la colaboración público-privada para hacer frente a aquellas inversiones ineludibles.
Tanto para el sanitario como para el paciente, estas medidas son un marco duro y complicado, pero la cartera de servicios sanitarios no puede ser infinita. Defender el modelo público es ponerse de acuerdo en cómo y cuáles son los servicios básicos que pueden y deben cubrirse con el dinero de todos.
Hay que tener coraje y reconocer que la sanidad valenciana está mal financiada y los tiempos económicos que vivimos hacen difícil sacar más dinero para ella. Para evitar una deriva hacia un modelo de privatización, es necesario que la nueva financiación autonómica defina unos porcentajes dedicados a la sanidad pública, intransferibles a cualquier otra inversión, por muy prometedora que se presente. Iniciativas como Tierra Mítica son muy incomprensibles, cuando ponen en riesgo el derecho a sanar o a morir con la dignidad que los vivos sólo intuimos.
Catedrático de Computación. Universitat de València
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