Un revés justo

Miguel Avera

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia sobre el recurso que CC OO-PV interpuso contra la orden de EpC ha sido un clarísimo varapalo jurídico que ha recibido la Conselleria de Educación. Este golpe ha sido un revés dado a la política educativa del Gobierno valenciano de forma justa tanto por proceder de un tribunal de justicia como por ser el fruto de un trabajo realizado de forma diligente y a conciencia. Debemos recordar que ya la sala, a petición de CC OO-PV, suspendió de forma cautelar hace exactamente un año gran parte de la orden recurrida. La conselleria quiso burlar esa suspensión publicando en septiembre unas impresentables instrucciones, las del traductor simultáneo. A estas últimas sólo nos opusimos nosotros, los de CC OO-PV que las recurrimos, pedimos la suspensión cautelar, y también nos fue concedida. En la sentencia de la sala, sin ningún voto particular, se recogen todos los argumentos jurídicos de la FE CC OO-PV.
Fuimos diligentes para poder presentar el contencioso a los dos días de publicada la orden en junio de 2008, se trabajó duro para formalizar la demanda con un absoluto rigor jurídico y una coherente y bien estructurada argumentación. Así es como trabajan nuestros abogados y nuestras abogadas, en este caso, así lo hizo nuestra abogada Sofía García Solís. En estos momentos procesales nos queda recomendar a la Conselleria de Educación que no recurra en casación al Tribunal Supremo, la perderán y serán condenados en costas, que serán importantes (debería pagarlas quien tome la decisión de ir al Supremo), y que ponga fin de forma definitiva a este sainete-ocurrencias, como la de EpC en inglés, el enfrentamiento permanente con el Gobierno central, utilizando de forma partidista la educación como arma en una guerra estúpida contra todos y contra todo deben terminar. El Gobierno de todos los valencianos no puede, no debe, hacer suya la moral particular y la concepción religiosa de algunos de sus miembros e imponerla a todos los demás. Esa moral es una moral sectaria, que a lo único a lo que conduce es a un provincianismo provocador que sólo genera crispación social. La educación nunca puede ser causa de crispación social, debe ser una actividad que haga posible la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas. Debe ser un elemento de unión, de empatía, y en ese empeño no vamos a cejar.
Vamos a seguir trabajando así por la defensa de la dignidad del profesorado y por la participación democrática de la comunidad educativa. Desde CC OO-PV, consideramos que son los centros, su comunidad educativa, los únicos legitimados para presentar su proyecto de plurilingüismo: el claustro que lo elabora y propone; el consejo escolar de centro que lo debate y aprueba, y, al final, la conselleria lo analiza, evalúa, inspecciona, si hace falta, y lo aprueba de forma final. Este proceso es el que el propio conseller Camps, en el año 1998, señaló como requisitos a cumplir, y en esa línea debe avanzarse. Esto último es lo que ha dicho el tribunal, por ello el golpe del TSJCV ha sido contra el ideólogo Camps, el comunicador Rambla y el ejecutor Font de Mora. Nosotros vamos a seguir en el camino de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y exigimos a la administración educativa que se ajuste a lo que sus ciudadanas y ciudadanos les demandan: gestionar los servicios públicos y encajar los reveses dados por la justicia como un apremio ineludible a regresar al recto camino.
Secretario general de enseñanza de CC OO-PV