El problema de los municipios

La situación financiera de los ayuntamientos españoles, que no ha dejado de ser un problema económico y administrativo, se ha convertido ahora además en una cuestión política de primer orden. Las consecuencias de un posible colapso en las instituciones locales no sólo tendría graves consecuencias en la calidad de vida de los ciudadanos, porque se verían abocados a reducir los servicios que prestan, sino que acarrearía también importantes perjuicios económicos a numerosas empresas proveedoras y terminaría repercutiendo significativamente en el desempleo. Los problemas de estas administraciones, consideradas como las más cercanas, no son nuevos. Hace muchos años que se viene hablando del llamado Pacto Local, una iniciativa que tendría por objeto revisar las competencias de los ayuntamientos y ajustarlas a un nuevo modelo de financiación. Existe un claro e histórico desajuste entre los servicios que prestan y el dinero que pueden recaudar. La situación de bonanza económica y el incremento de sus ingresos ha ocultado por un tiempo el problema de fondo sin resolver, pero la llegada de la crisis ha vuelto a poner de actualidad la urgencia de las reformas. No se trata sólo de transferir fondos concretos para gastos corrientes, sino de eximirles de competencias que no les son propias (y que vienen ejerciendo) y aumentar su capacidad de recaudación o de dotar económicamente a las competencias que se han consolidado como propiamente municipales. En ningún caso a costa de más impuestos para los ciudadanos, sino que sería necesaria una distribución más equilibrada de los fondos públicos entre las tres administraciones: local, autonómica y central. Estamos hablando de un problema de Estado, posiblemente, de la última gran reforma pendiente. El reto es para los dirigentes regionales y nacionales de los grandes partidos.