Punto de cruz

Andrés Castaño

Para analizar pormenorizadamente el auto del TSJ de la Comunitat Valenciana que archiva la causa contra Camps y otros prohombres autonómicos son imprescindibles varias horas de disciplinada lectura y un denso conocimiento de los matices del Derecho español. Yo ando ayuno de ambos pertrechos, aunque en los próximos días me esforzaré en averiguar cómo ha sido posible que un asunto tan notoriamente superfluo haya levitado durante meses sobre tonsuras institucionales, puñetas atiborradas de diazepam y cabeceras periodísticas convertidas en tropas de choque. Hasta que llegue ese momento, sólo cabe resaltar el dato que impacta: el caso Gürtel ya es historia.
Sus promotores frustrados pueden refugiarse en dos cataplasmas dudosas. La primera es la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, un enojoso trámite de duración levemente inferior a la de las guerras religiosas en Europa. La segunda cataplasma es vindicar el criterio del magistrado discrepante. Porque Camps ha sido exonerado gracias a un resultado mínimo que ha enfrentado a un partidario de continuar el procedimiento contra los otros dos magistrados que se decantaban por el perfecto requiescat in pace del foro: un archivo agosteño.
Mi sospecha maliciosa es que el Tribunal había pactado tácitamente este disenso, un poco a la manera del tribunal que John Grisham en «La hermandad»: aunque el resultado oficial de las deliberaciones siempre es el de dos a uno, en realidad todas se adoptan por unanimidad. La ficción permite exhibir una imagen de pulso científico que difumina la sensación de comedia. Una comedia prescindible por otra parte. Los espectadores ya lo intuimos hace unos días, cuando algún periódico adicto al Consell publicó una lista de beneficiarios de regalos de Orange Market y cía. Estaban todos quienes son algo en el PP autonómico y baste decir que el bolso de Rita Barberá parecía una bagatela comparado con algunos souvenirs de la trama. Esta filtración sólo podía explicarse como un intento de banalizar los obsequios que Camps había recibido, pero también como un recordatorio de que aquí, en la patria donde el Gran Capitán aprendió a hacer cuentas, lo insólito es que un cargo público no reciba anchoas, corbatas, placas de vitrocerámica o abonos familiares para Terra Mítica.
Por puntillosos que sean los razonamientos del Tribunal, por apabullante que se muestre su erudición jurisperita, por rigurosamente inatacables que parezcan sus conclusiones, la esencia de esta gran perturbación ha sido que un presidente autonómico había recibido de unos saltimbamquis engominados medio vestuario institucional a cambio de nada. Es posible que una interpretación forzada del Código Penal pueda identificar esta imprudencia con el cohecho; sin embargo, es mucho más probable que la muchedumbre sin jurisprudencia, puñetas, ternos ni gomina haya asumido desde hace tiempo que elevar el listón en este sentido provocaría nuestro definitivo colapso carcelario.
Hay quien insinúa que la sociedad valenciana está enferma porque condona estas actitudes reiterando su confianza en los corruptos. No: la sociedad valenciana, y por extensión la española, está al tanto de que una casta, por citar a Joaquín Prat, «se lo está pasando chachi en el pichi». Lo que ocurre es que no la etiqueta con siglas y esto sí debería preocupar.