Es lógico que después de los atentados sufridos en Burgos y en Calvià se incremente la sensibilidad de los agentes de la guardia civil, el miedo —¿por qué no decirlo?— en algunos casos, pero la inmediatez de los atentados y la pasión que desatan no deben desenfocar el grave problema que reflejan estos crímenes y que ahora señalan con fuerza la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) con la advertencia de que se corrijan las graves deficiencias de seguridad en las instalaciones cuartelarias. La cuestión que se plantea ahora no es de este año ni del anterior. Lo que se reclama es que se cumpla el anuncio que ya hizo el Ministerio de Interior, cuando era secretario de Estado Rafael Vera, hace 18 años. El ministerio ordenó entonces que se habilitaran perímetros de seguridad en el entorno de los cuarteles y comisarías de policía. Vera instó a los mandos a que contactaran con los alcaldes para habilitar las medidas de seguridad. La instrucción, a todas luces incumplida en la mayoría de los casos, aclaraba que se hacía «para evitar posibles atentados terroristas por medio de un coche-bomba». En fin, no es necesario seguir reproduciendo lo que entonces se ordenó para constatar lo poco que se ha hecho. Bastaría recordarlo para que todos los implicados se pusieran en la tarea de llevar a cabo todo lo que estuviera de su mano para cumplir esa norma de seguridad en la medida de lo posible. Pero mucho nos tememos que volverá a olvidarse en el último cajón de cada despacho.
