La Conselleria de Infraestructuras y Transporte ha tomado un camino de difícil justificación para abordar el enterramiento de las vías en los pueblos del entorno de Valencia. Como si de un prestidigitador se tratara se ha sacado de la manga la fórmula de la «cofinanciación paritaria», es decir que los pueblos han de pagar la mitad, sin explicar de dónde sale esa exigencia. Pero llega más lejos aún; cuando los ayuntamientos se quejan de ese sistema injusto, les sugiere la recalificación; otra vez el territorio como hucha para resolver nuestros líos. Creíamos que habíamos aprendido la lección de la crisis medioambiental, la necesidad de ser comedidos, de respetar el medio. Pero la conselleria vuelve a ponernos a los pies de los caballos. Si quieren soluciones, paguen, vienen a decir, y si no tienen dinero, monten operaciones urbanísticas turbias que generen plusvalías. Vaya ejemplo. Es decir, que nuestros impuestos, la reivindicada financiación autonómica, va a parar a otras cuitas que no quiero nombrar, no a resolver los problemas de los pueblos y sus habitantes.
Y ese sistema tramposo ha llegado a Godella empujado por Burjassot, que ha aceptado las reglas del juego amañadas recalificado la huerta y desplazando la nueva estación fuera del pueblo. Toda una muestra de lo poco que importa de verdad el transporte público y el paisaje, dos conceptos compatibles, si se reflexiona un poquito sobre ellos. Pero Godella no acepta ese juego. No quiere especular ni aplicar nuevos impuestos para hacer pagar a los de siempre dos veces la misma cosa. Y no quiere alterar su paisaje; sólo quiere que entierren las vías con sentido, mejorando el servicio y respetando el patrimonio colectivo que es el que nos une al pasado y al futuro. A eso le llaman obstaculizar el proceso.
Ya ven, nos dicen que hay que invertir en los servicios públicos, que hay que mejorar el transporte colectivo, reducir la emisión de CO2, evitar la urbanización multiplicada, pero la conselleria mira para otro lado, empuja a los municipios a actuaciones que contradicen su propio Plan de Protección de la Huerta, desplaza estaciones a lugares poco funcionales, esconde el dinero, y espera a que los pueblos se enfrenten para sacar tajada. Mal sistema y, seguro, mal resultado. Harán bien sus responsables en escuchar, pensar, rectificar el trazado y financiarlo con recursos de la Generalitat.
Mientras, las vías nos observan atónitas, porque ellas
creían que eran un servicio público, no unas enemigas.