Crecimiento sostenible

Alberto Giménez Artés

Crecer es básico y necesario. Eso sí, hacerlo de forma sostenible para evitar que se produzcan dinámicas similares a las actuales. Crecer en un mundo globalizado exige políticas eficaces y sensatas, en las que se tome en cuenta el valor añadido que cada uno aporta y las amenazas que impiden el desarrollo
No es una cuestión baladí. El objetivo principal CEOE es proponer soluciones para la mejora de la competitividad. Y el sector de la dependencia puede ser una solución que garantice estabilidad, retorno social y económico a otros sectores, desde la alimentación o las nuevas tecnologías hasta la construcción, ámbito en el que la crisis se ha dejado sentir con especial virulencia.
La creación de una comisión de política social y sanidad en la CEOE es un reconocimiento esperado en un sector que cuenta ya con un peso específico importante en la economía del país y que, teniendo en cuenta las perspectivas de evolución de la población, adquirirá todavía más relevancia en los próximos años.
La función principal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales es analizar de forma permanente la actividad económica y sociolaboral de España, con el objeto de proponer soluciones para la mejora de la competitividad. Y en este proceso la configuración de un modelo sociosanitario integrador, ya no sólo de la oferta pública y privada, sino también de las políticas sociales y sanitarias, es una respuesta para reactivar la economía e impulsar ese crecimiento sostenible.
Obviamente, cualquier propuesta de reforma que se plantee en el actual sistema de atención a mayores dependientes en España debe condicionarse al análisis cuantitativo de los escenarios de viabilidad, observando el cumplimiento de los principios económicos de sostenibilidad y corresponsabilidad financiera. Una cuestión de sentido común, que ha funcionado hasta la fecha. La financiación pública constituye una condición necesaria pero no suficiente, por lo que se hace imprescindible la participación privada del usuario, ya sea a través de sus ahorros o mediante la contratación de un seguro privado.
Es evidente que el modelo de protección social de la dependencia de mayores debería configurarse como un modelo de mínimos, mixto, de cobertura universal, uniforme en sus prestaciones básicas domiciliarias y residenciales, con subvenciones para la adecuación de la vivienda y la adquisición de medios técnicos, desarrollado a través de un mercado competitivo integrado mayoritariamente por proveedores privados y con competencias claramente delimitadas entre los distintos niveles de las administraciones públicas.
Con este planteamiento, avalado en diversos estudios económicos, se conseguiría respetar el principio de libertad de elección del dependiente, se garantizaría la cobertura geográfica con recursos profesionales y, paralelamente, se mantendría un crecimiento de empleo ajustado a las necesidades reales del sector, al tiempo que un efecto positivo en la demanda de otros ámbitos. O, lo que es lo mismo, empleo, retorno económico y prestaciones sociosanitarias de calidad.
Además, hay que tener en cuenta los retornos fiscales que se derivarían de la mayor actividad económica generada por la protección de la dependencia de mayores, de la creación de empleo de calidad, del ahorro en gastos de desempleo y de la racionalización del uso de los gastos sanitarios.
Por otra parte, hay que dejar atrás percepciones erróneas de la situación de dependencia, ya que, aunque tiene su origen en un problema de salud, no está exclusivamente asociada a la vejez, es una contingencia que puede afectar a un gran número de personas. Desde este punto de vista hay que repensar los distintos modelos que permitan asignar los recursos de manera más eficiente. Aunque parezca una paradoja es posible aumentar la calidad, satisfacer mas y mejor las necesidades de las personas a menor coste.
En su tercer año de aplicación, se estima que más de 500.000 familias cuentan ya con personas con derecho a recibir los beneficios de la Ley de Dependencia, según datos del Sistema Informático del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de los que el 75% serían grandes dependientes y el resto dependientes severos —los dos grados que ampara la ley en la actualidad, según el calendario de aplicación de la misma—.
Es el momento de aplicar el sentido común y apostar por el crecimiento sostenible. Y hay sectores que pueden liderar ese crecimiento; investigación, tecnología y dependencia. No olvidemos que, según Naciones Unidas, España está entre los 5 países de mayor envejecimiento.

Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte)