La noticia de la detención de tres personas en Santa Pola y Elx viene a coincidir con que dentro de dos semanas seis vecinos de Chiclana tendrán que sentarse ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz para responder de la construcción de tres chalés también en un paraje protegido. La medida drástica de la detención de vecinos, no promotores, por levantar diseminados en una evidente falta de respeto, aunque todavía hoy sigue sorprendiendo, no es una cuestión sólo de la Comunitat Valenciana, donde periódicamente publicamos noticias parecidas. La doctrina que aplica la Fiscalía de Medio Ambiente es dura, pero no puede ser de otra manera. Si no se observan los límites de las áreas de interés ecológico y paisajístico, terminaremos liquidándonos también ese patrimonio histórico. Hay demasiada experiencia en la Comunitat Valenciana como para pensar otra cosa. De ahí la firmeza de fiscales y jueces, algo que contrasta con la forma en que contemporizan, demasiado a menudo, los responsables de los ayuntamientos con sus convecinos a los que dejan levantar casas por doquier, cuando no son cómplices. Pero esta actitud de fiscales y jueces, que cuentan con el trabajo fundamental de las policías medioambientales, tiene una piedra en su camino difícil de salvar y es la intrincada legislación que regula el crecimiento territorial. Extraña, pues, y hay que otorgarle el mérito que tiene, que, aun así, se ejecuten acciones tan determinantes y ejemplarizantes en la defensa de la ley y del territorio de todos.