Las indemnizaciones que recibirán los trabajadores afectados por inhalación de amianto de Unión Naval de Valencia son todo un logro que se ha conseguido tras un largo y duro proceso. El acuerdo, firmado después de una negociación a tres bandas entre la empresa, los trabajadores y la fiscalía, es un hito por tres motivos fundamentales: en primer lugar, porque reconoce la responsabilidad penal de la empresa, en segundo término, porque las indemnizaciones son las más altas conseguidas a nivel europeo, y por último, por la creación de un protocolo de actuación futuro para los trabajadores que puedan desarrollar alguna dolencia con posterioridad al acuerdo.
La exposición al asbesto tiene un periodo de latencia de 10 a 40 años, por lo que se calcula que sólo en Unión Naval han sido 6.000 los trabajadores que han estado en contacto con el material. De ellos, por el momento, hay 20 fallecidos y 51 afectados, pero esta cifra puede aumentar en un futuro, de ahí la importancia de un protocolo que refleje el modo de actuar a partir de ahora.
Todo esto deberá ser ratificado en un juicio de conformidad que se celebrará el 8 de septiembre y que culmina un proceso que se inició en 2003, cuando UGT presentó la primera denuncia para defender a uno de los afectados. En aquel año, la empresa, a petición del Comité de Empresa, inició un protocolo de vigilancia para los trabajadores que incluía revisiones postocupacionales para las personas que ya no tenían una relación laboral con Unión Naval.
Hasta el año 2006 el expediente por esta causa se cierra dos veces y se vuelve a abrir por recursos de UGT. Ese mismo año, Pascual García, Inspector de Trabajo, inicia un informe que cambiará la investigación, y que, apoyado en el Comité de Empresa, demuestra que Unión Naval siguió exponiendo a este material a sus trabajadores sin medidas de seguridad adecuadas con posterioridad a las normas sobre trabajos con amianto de los años 1982 y 1984.
A partir de ese informe, el juez entiende que hay indicios de delito, y es entonces, en el año 2008, cuando comienzan dos procesos paralelos: el penal y el extrajudicial, donde se establecen las bases del protocolo de actuación y las indemnizaciones que se han acordado de la siguiente forma: 250.000 para los familiares de los fallecidos, 150.000 para los trabajadores afectados de cáncer, y 110.000 para los que han desarrollado alguna otra enfermedad. Cifras que han creado un precedente a nivel europeo y que son un gran logro en la lucha sindical para los afectados. La producción de materiales con amianto está prohibida totalmente en España desde el año 2002, y aunque su utilización se cambió por otros materiales tras las normas de los años 82 y 84, fueron muchas las empresas que siguieron trabajando con el stock de este material. Además, una gran cantidad de trabajadores siguen expuestos al asbesto a través de la manipulación de antiguas construcciones.
Secret. del comité de empresa de Unión Naval
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