El PP perdió por mucho tiempo el derecho a gobernar hace algo más de cinco años. Bajo los efectos del 11-M los españoles jamás debieron ser convocados a las urnas. Pero una decisión así de un Gobierno presidido por José María Aznar, impopular a causa de su respaldo a la decisión de Bush de arrasar Irak, con el pretexto de las inexistentes «armas de destrucción masiva» cuando no fue más que una cruel guerra preventiva, sería contemplado como un acto dictatorial y antidemocrático. Ello, pese a que el aplazamiento del encuentro ciudadano con las urnas en momentos de convulsión está perfectamente contemplado en la normativa electoral de este y de todos los países democráticos.
Pero Aznar y su Gobierno sabían que no podían contar con el respaldo del PSOE para actuar tan drásticamente por mucho que la situación les diera pie para ello. Y el pueblo votó bajo el síndrome del terror de lo que era capaz de hacer Bin Laden, para que no siguiera gobernando la derecha aznarista cómplice de Bush en el ataque a Irak. Tampoco ignoraban que, si se aplazaba la cita electoral, el tandem Zapatero-Rubalcaba aprovecharía la ocasión para sacar a pasear la vieja pantarraca del franquismo, con la que acomplejaban al PP a la menor oportunidad. El socialismo español, todavía en la travesía del desierto a que le obligó el periodo de corrupción generalizada a que dio lugar el felipismo, se agarró al clavo ardiendo de la confusión del momento y al anonadamiento que dejo sin iniciativa al centro-derecha, para montarle una agresiva campaña de desprestigio. El PSOE aprovechó una ocasión que se le vino a las manos inesperadamente, para recuperar el poder sin ningún merecimiento para ello y sin el liderazgo apropiado para ejercerlo. Aznar y su Ejecutivo quedaron agarrotados y sin facultad de reaccionar ante la masacre islamista, que fue el mayor y más sangriento de los atentados terroristas perpetrados en toda la Europa comunitaria.
Aquella fue una de esas circunstancias en las que los políticos deben justificar que merecen el poder que las urnas les han otorgado, elevándolos a la máxima responsabilidad de la gobernación del país, así como el estatus de vida que conlleva tal dignidad, tomando decisiones por muy impopulares y comprometidas que sean, y por mucho que el adversario las pueda utilizar en su propio beneficio político. Estas crisis puntuales en las que hay que actuar con rapidez, pensando más en el país que en los propios intereses de partido, son las que revelan a los políticos con categoría de hombres de Estado. Pero Aznar y sus ministros no dieron la talla. Y en consecuencia, se dejaron aherrojar del poder por una banda de terroristas islámicos que habían planeado que el Gobierno español cambiara de signo en un acto de venganza contra Aznar por su innecesario protagonismo en la fotografía de las Azores.
En impedir una injerencia internacional de ese calibre, y por esos procedimientos, en la vida política española si que tendrían que haber estado unidos el PP y el PSOE. Un PSOE que por el contrario se aplicó enseguida al acoso y derribo del gobierno de Aznar con la cantinela de que España «no quiere un Gobierno que miente». Sabiendo a ciencia cierta que el Gobierno mentía porque estaba mal informado, mientras Zapatero y Rubalcaba tenían información puntual y verídica de los policías que trataban de congraciarse con ellos y que, posiblemente, son los mismos que ahora organizan cuerdas de presos con la militancia del Partido Popular, en una colaboración inestimable con los que han primado su deslealtad. Cualquier cosa para permanecer en el poder, y si es posible sin oposición. Saben que el adversario es débil y timorato y están dispuestos a todo para asegurarse la poltrona in seculan seculorum. En el fondo no ignoran que se enfrentan a un grupo de señoritos acomodados, sin la mínima disposición al sacrificio, y, como ellos, sin proyecto ni ideología.
Rajoy se dejó engañar y ha practicado el estúpido juego de la leal oposición, que sólo le ha servido para que Zapatero juegue con él como el gato con el ratón. Un Rajoy que no tuvo cuajo de hombre de Estado el día fatídico del 11-M para actuar con energía, ni lo tiene ahora para cortar de raíz el acoso a su partido. Porque no se trata de cuestionar la inocencia o la culpabilidad de los presuntos corruptos del PP, que eso ya lo dirán los tribunales de justicia, sino si tienen o no derecho al mismo trato que los del PSOE, que son llevados ante el juez casi con mimo.
¿Dónde están las cuerdas de presos con los consejeros de Caja Castilla La Mancha, y las que conducen a los responsables de los casos de corrupción de tantos municipios andaluces y de toda España donde gobierna el PSOE? ¿Alguien le ha mandado la Guardia Civil a Chaves para trasladarlo a declarar sobre la supuesta subvención millonaria a la empresa de su hija? «Infamias, en democracia, no» ha dicho Rubalcaba. Y tiene toda la razón.
bien por patxi lópez. Para celebrar sus cien primeros días de gobierno, el lehendakari Patxi López se ha referido a los tres últimos asesinados por ETA como a «tres de los nuestros». Eso es hablar con propiedad y emplear el idioma con solvencia y reciedumbre. Ese es el camino para hacerse respetar y que los decepcionados ciudadanos comiencen a pensar que no todos los políticos son iguales. Patxi ha descubierto lo bueno de los pactos y de seguir en esa línea habrá que echarle de comer aparte. ¡Qué diferencia con el lenguaje vergonzoso con que su jefe supremo se refería al siniestro Otegi, calificándole como «hombre de paz»! Si uno recuerda tamaña barbaridad y la comedia tragicómico-pornográfica que Zapatero montó con De Juana Chaos, le sobran razones para creer que algunos bienaventurados son capaces, por mantenerse en el poder, de caer en el mayor de los ridículos y en la más necia de las bajezas. Y que tomando decisiones, o no tomándolas que es lo suyo, tienen más peligro que una caja de bombas.
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