Parece imposible que vuelvan a sentarse en la mesa del diálogo social si la patronal insiste en mantener como inamovibles sus últimas propuestas. El órdago que la cúspide empresarial lanzó en la última sesión, -a sabiendas que se trataba de algo inaceptable-, dejaba al descubierto tanto su estrategia como su absoluta insolidaridad con el conjunto del país.Saben que la salida de la crisis no depende de la reforma del mercado laboral. La caída de la demanda, como consecuencia de la falta de liquidez, ha sido provocada —se ha dicho hasta la saciedad— por los especuladores sin escrúpulos y no precisamente por las rigideces del mercado de trabajo. En el caso de España, ha sido determinante nuestro modelo de crecimiento para que la recesión que padecen las economías más desarrolladas haya sido aquí más cruel en términos de desempleo que en otros lugares. Nuestro PIB ha avanzado a buen ritmo a cambio de aumentar las desigualdades e incrementar desequilibrios demasiado graves.
Hay que recordar que con las mismas normas que actualmente rigen nuestro mercado de trabajo, la ocupación aumentó entre 1995 y 2007 un 52%. ¡Ahí es nada! ¿Por qué? Sin duda, porque los empleadores, ante éste crecimiento sostenido, contratar más trabajadores les permitía incrementar su producción y, por tanto sus beneficios. Esto es lo que explica el fenómeno y no otra razón. Un aumento que quedaba ligado a las actividades que ofrecían en el corto plazo un enriquecimiento rápido, debido entre, otras causas, a la tendencia alcista de sus precios —caso de la vivienda y los servicios—. Así se explica que el 72,5% de ese crecimiento se concentrara en los servicios- y no precisamente los de alta tecnología-, un 20,5% en la construcción y tan solo un modesto 8% en la industria. Un modelo basado en la utilización intensiva de mano de obra poco cualificada y una precariedad superior al 25%. Un modelo que consolidaba una distribución de la renta del país cada día más injusta —y que persiste— pues entre 1999 y 2008 las rentas salariales pasaron a suponer el 49,6% del PIB, a un 47,4%, mientras que el peso de los beneficios empresariales creció del 40,5% al 44 % de dicho PIB. Opción que sin duda ha mermado con creces la competitividad de nuestro país. La fuerte concentración de recursos en la construcción y los servicios revelan el retraso - o la pequeñez relativa- de una industria de alto valor añadido capaz de mantener una oferta que cambiara el panorama de una demanda actualmente débil, para convertirla en fuerte. Solo un dato más: durante el periodo 1996 a 2007, la tasa anual media de la formación bruta de capital fijo en vivienda ha sido 6 veces superior a la que han experimentado los bienes de equipo destinados a la producción industrial. No es, pues, el mercado de trabajo el origen de nuestros actuales problemas. Las soluciones requieren otra orientación, y desde luego, mucha más solidaridad. El diálogo social debe mirar hacia otros horizontes y no solo fijar su mirada en el mercado laboral. Gobierno, sindicatos y patronal tienen mucho que dialogar. Por ejemplo sobre las siguientes:
Una política de rentas mucho más equitativa.
Una política fiscal progresiva orientada hacia el pleno empleo y el desarrollo del estado del bienestar.
Compromisos de inversión el I+D+i que mejoren la producción y la productividad y el valor añadido de nuestra oferta.
Un serio compromiso con la mejor formación de nuestros trabajadores.
Un control social y democrático del sistema financiero para un uso eficaz, eficiente y transparente de nuestros recursos financieros.
Es sobre estos temas sobre los que sindicatos, gobierno y empresarios deberían formalizar un acuerdo que beneficiase al conjunto de la sociedad y proyectasen al país hacia el futuro. Las españolas y los españoles no se merecen menos.
Foro d?Electes Socialistes del PV
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