La empresa que Camps alentó para llevar adelante el sueño de la Fórmula 1, la que hizo constituir con Fernando Roig, «Aspar» y Bancaja, ha dicho basta. A pesar de que la Generalitat asumió los 80 millones de la construcción del circuito urbano y puso toda la maquinaria autonómica al servicio del lustre de la prueba, las cuentas no salen y el Consell anunció ayer que se hace cargo del pago de los 18 millones de canon anual por cada una de las cinco ediciones que quedan de la carrera, un fijo que hasta ahora pagaba Valmor. La Generalitat, que ya ponía casi todo, se convierte ahora en «copatrocinadora», según el texto oficial del acuerdo por el que la empresa privada queda liberada del elevado impuesto que Valencia paga a Ecclestone, aunque seguirá siendo la encargada de la gestión deportiva y comercial de la prueba.
Sin embargo, no ha sido ésta la única novedad político-deportiva. El Gobierno de Camps, un ejecutivo sin recursos, débil, aturdido por los efectos de la trama Gürtel y pendiente de una remodelación, ha decidido avalar un préstamo de Bancaja a la Fundación Valencia CF para que ésta adquiera títulos y se asegure la condición de nuevo accionista mayoritario del club de Mestalla tras el maremoto de Dalport. Sin el aval autonómico, una entidad que tiene la mejor intención y es la depositaria de los más sólidos valores del club no podría obtener un préstamo de tal importe teniendo en cuenta que su patrimonio se limita a 3.025 acciones.
Resulta entonces que en lo automovilístico y en lo futbolístico, las decisiones tienen la consideración de rescate, lo que parece una temeridad cuando el salvador está con el agua al cuello.
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