Fue el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien un día quiso que el Valencia CF, el club de referencia para decenas de miles de aficionados, pasara de las manos de Francisco Roig, aquel empresario impulsivo y polémico, a las más tranquilas aguas del constructor Juan Soler, facilitando y animando la venta de las acciones de uno a otro para abrir una nueva etapa en el club de Mestalla, y sobre todo para cerrar una era de turbulencias. Unos años después, la historia se repite. La Generalitat que preside la misma persona decide otorgar un aval público para que Bancaja preste 74 millones a la Fundación Valencia CF y ésta se haga con el paquete mayoritario del club.
Sin embargo, los movimientos de capital continuarán. La Fundación ostentará el 73% de los títulos pero cederá una buena parte a personas y entidades que decida. ¿Y quién elegirá esos nombres? ¿Puede el avalista influir en esa decisión? El Valencia es una sociedad anónima deportiva, pero la fórmula que el Gobierno valenciano ampara con su respaldo económico en esta época de crisis trastoca esa figura legal y la acerca a una forma mixta con una base amplia de la sociedad civil, representada por la Fundación, y un grupo de personas de confianza que serán depositarias del resto de acciones. Se presenta como un proyecto de democratización de la gestión del club, pero sólo el tiempo dirá si es el adecuado en lo económico, en lo jurídico e incluso en lo político.