La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, descartó ayer modificar la fiscalidad de las sociedades de inversión mobiliaria de capital variable (Sicav). Las Sicav son el instrumento financiero que suelen utilizar las grandes fortunas para manejar sus patrimonios por las ventajas fiscales que presentan. La principal de ellas es tributar al 1% por el capital y un 18% por las plusvalías, frente al tipo general del 30% que rige en el Impuesto de Sociedades para el resto de empresas.
La legislación que regula las Sicav —elaborada en 2003 por el Gobierno de Aznar— se diseñó específicamente para evitar la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Es lo que teme ahora el Gobierno que se produzca, tal como desveló ayer Salgado, si se aplica un aumento impositivo a la grandes fortunas. Pero los beneficios que los grandes patrimonios consiguen con este tipo de sociedades y el fraude que representa su supuesta composición accionarial, fraude que Hacienda ha detectado reiteradamente, las ha puesto en el centro del debate cuando el Gobierno ha decidido aumentar los impuestos. ¿Han de ser una vez más los asalariados y los pequeños y medianos ahorradores los que soporten un aumento de las cargas fiscales para que algunas de las mayores fortunas del país no se lleven sus excedentes de capital a las islas del Canal o convendría distribuir siquiera un poco la carga modificando al alza el ridículo 1% con que este tipo de sociedades contribuyen al engrandecimiento de la Hacienda pública?
Voces que reclaman una revisión del régimen tributario y que por tanto se oponen a la tesis del Ejecutivo no faltan. Y es la credibilidad y legitimidad del sistema impositivo lo que está en juego.
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