Finaliza el período estival. En la Comunitat Valenciana ha sido un verano de contrastes. Por una parte hemos asistido a una exhibición de lujo, glamour y poder económico; desde el pantalán y el yate, gradas de lujo de la Fórmula 1, han estado presentes en el gran circo de las cuatro ruedas famosos, famosillos y aquellos que lo quieren ser; al mismo tiempo hemos tenido que convivir con noticias relacionadas con el pésimo funcionamiento de los servicios públicos: educación y su barracones, la renta garantizada que no se paga y la Ley de la Dependencia sin aplicar.
En cuanto a la primera parte, se cumplen las reglas del juego y el mercado hace su agosto generando beneficios para todos aquellos que están inmersos en el desarrollo directo de este tipo de actividades y a su vez sirve como plataforma de lanzamiento a personajes que tienen interés por alcanzar un puesto relevante en la vida social. El que se codea con importantes parece que está en tránsito de alcanzar reconocimiento y ámbito de influencia. La segunda realidad, mucho más sombría, gris e incluso dramática, alcanza menor eco entre los medios y, por supuesto, resulta menos atractiva a la hora de mostrar algún tipo de proximidad con las carencias y déficit sociales. Posiblemente por ese motivo, hemos visto a los gobernantes valencianos sumamente cómodos participando muy directamente en los grandes acontecimientos y dando poco la cara en lo que hace referencia a asignaturas pendientes de la Administración.
Es curioso el empeño de algunos dirigentes valencianos en forzar una presencia en este tipo de acontecimientos y además tratar de convencer a la población de que se trata de la gran ocasión para un crecimiento de la ciudad y la Comunitat, sin identificar debidamente los impactos reales en puestos de trabajo, incremento de la actividad económica, beneficios concretos… Pero hay más, el apoyo a los grandes eventos no sólo es evidente. Además, se lleva a cabo a velocidad de vértigo. No deja de ser sorprendente cómo se pueden destinar 15.000 millones de pesetas de dinero público (o la cuantía final que los opacos contratos contemplen) sin que se conozca un informe previo de impacto, las disponibilidades presupuestarias reales, sus consecuencias sobre la ciudad… y además se asuma como un procedimiento normal. Parece que la velocidad a la que corren los bólidos de carreras ha mimetizado las decisiones del Consell asumiendo, deprisa deprisa, importantes compromisos económicos encaminados a garantizar la continuación de las carreras de coches en Valencia.
El resultado del espectáculo nos sitúa frente a un escenario en el que estamos asistiendo a un matrimonio un tanto extraño entre la clase política valenciana, al menos una parte de ella, y los poderosos que pasean su opulencia sin ningún rubor. Puede causar la impresión, este tipo de comportamiento, de nuevos ricos que se pirran por codearse con gente con pedigrí entre los poderosos del mundo y además surge la duda acerca del impacto real del dinero público invertido, mientras que resulta una evidencia que con estos elevados presupuestos públicos se podrían acelerar los importantes retrasos que acumulan las políticas sociales, por ejemplo, dando respuesta a los más de 20.000 solicitantes pendientes de recibir las prestaciones de la Ley de la Depedencia. Además, este tipo de inversión también tiene importantes consecuencias en cuanto a crecimiento económico.
Los propios empresarios del sector de las residencias de mayores reclamaban hace unos días el pleno desarrollo de una ley que supondría 13.000 nuevos puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, además de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Desgraciadamente, una vez más, se ha impuesto lo vistoso frente a lo necesario; lo ligero, frente a los derechos sociales y además, conforme hemos podido presenciar, a una velocidad que no supera ni el más rápido de los Ferrari.
Profesor de Política Social de la Universitat de València
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