Acercarse a cualquier despacho de la administración, en especial el de algún alto cargo, es hoy lo mismo que hacer un ejercicio de descenso a los infiernos. Se diría que flota en el aire una condena colectiva cuyos síntomas más notorios son los del recorte de presupuestos: un 15%, se dice, por lo que respecta a estos pagos, y podemos darnos por privilegiados. Mis amigos mejicanos me dicen que allí se aplica ya una rebaja del 34º% para el año en curso y anuncian el descenso a la mitad en el ejercicio de 2010. Cómo puede funcionar un aparato al que se le amputa el 50% es uno de esos misterios quizá sólo comparable al enigma acerca de cuáles serán las actividades que podrán permanecer en esas condiciones. Eso sin entrar en el asunto de fondo: ¿en qué momento llegará la quiebra final del aparato de Estado? ¿Cuánta reducción podrá soportar éste antes de que el Apocalipsis se presente?
Siguiendo con Méjico, su presidente acaba de anunciar que cerrará tres ministerios, Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, para ahorrarse tres mil millones de dólares al año. Pero las dudas que levanta tal medida son de aúpa. ¿Puede funcionar un país turístico sin ministerio de turismo? ¿Cabe hacer una reforma agraria no dirigida? ¿Es prudente deshacerse de la tutela de la función pública? Y si se contesta que sí a todas ellas, entonces sale a la luz la más inquietante de todas: ¿para qué, entonces, mantenemos el aparato de Estado? Porque el mismo soporte acerca de las necesidades y los gastos superfluos podría aplicarse a casi cualquier ámbito de la administración, comenzando por el de una cultura que parece no interesar a nadie y hasta terminar con la economía, verdadero talón de Aquiles si de lo que se trata es de dejar las cosas a su aire.
Pero los ahorros tienen su envés. Como cerrar departamentos no es sólo cuestión de dar de baja una sección del boletín oficial, habrá que echar a la calle a los empleados –si tal cosa puede hacerse con los que son funcionarios–, despedir a los proveedores, estrangular, en suma, el modo de vida de buena parte de los ciudadanos. Es fácil entender cuáles serán las consecuencias de tales medidas en unos momentos en los que el paro es gigantesco. Y, ¿qué decir de la crisis, origen de todos nuestros males? No se debe ni a carencias energéticas, ni a colapso en las materias primas, ni a ninguna catástrofe natural. Es una simple retracción bárbara en el consumo causada, en un principio, por la situación de pánico a la que nos llevaron los tiburones financieros. Una respuesta psicológica. Y lo que se les ocurre a las administraciones es cerrar el grifo y echar a la gente a la calle.
Estamos avisados, aunque se vea sólo la cima que flota del témpano. La pendiente, con su lógica particular, llevará a cerrar hospitales, museos, aulas y, ¿por qué no?, a derribar edificios históricos para vender los solares en nombre del ahorro. Si a lo que queda cabe llamarlo país, es un asunto pendiente.