Hay que creerse la crisis

Hace unos días los cinco rectores de las universidades públicas entregaron al President de la Generalitat un Plan de Financiación que, manteniendo las cinco sus actuales estructuras y sin plantear ningún tipo de fusión o colaboración mutua, han elaborado bajo hipótesis económicas, que nada tienen que ver con las que ahora registramos.
Hay que suponer que Camps pondrá estas peticiones en el mismo montón que la resolución de las deudas de la Conselleria de Sanidad, los costes de los nuevos centros asistenciales pendientes (entre ellos La Fe), las obligaciones adquiridas con motivo de las obras de Calatrava, los dispendios propios de los grandes acontecimientos y los miles de millones de euros que nuestro gobierno autonómico ha avalado (clubes de fútbol incluidos). Democráticamente hay que exigir que las cosas se prioricen y que lo que vaya a recoger el Presupuesto del 2010 tenga racionalidad, coherencia y factibilidad y que aquello que no quepa sea explicado a los valencianos, mas allá de la conocida manía que nos profesa el Gobierno de Rodríguez Zapatero. No nos engañemos, es un debate cuya resolución legítima corresponde a la Generalitat.
La toma de decisiones va a coincidir con la aparición en la Comunidad Valenciana de algunos informes sobre la real situación económica que vivimos y las medidas que deberíamos tomar ante el empobrecimiento colectivo y el paro que estamos viviendo. Esta constatación y la dureza de las posibles medidas vendrán del sector privado. Desgraciadamente corremos el riesgo de no oír propuesta alguna por parte de los políticos de nuestro gobierno autonómico, ni de los sindicatos de funcionaros (preocupados por una posible congelación de sus salarios) ni del personal sanitario que está en nómina del sistema público (realmente ya algo apretado por la descomposición que registra el balance de ingresos y gastos de la Conselleria del ramo). En el fondo, tampoco de lo que se entiende como sociedad civil y hay que reaccionar.
Esta crisis, para los que de una manera o de otra viven (vivimos) de los sectores públicos, parece que no afecta en exceso, y se tiende a pensar que la resolución de los problemas que sufre el vecino (que tan bien vivía en los años dulces del ladrillo) es una cuestión que se resuelve echando mano de los presupuestos anuales. Es algo mas que una equivocación y una insolidaridad. Los ERE, en su versión de administración pública autonómica, pueden estar en el horizonte.
Hoy sabemos que el impacto de la crisis en España es mayor en Europa que en los países de referencia de la UE, que las cifras de la Comunidad Valenciana son peores que las del resto de Comunidades Autónomas y que nos enfrentamos a ella con una deuda desorbitada por parte de la Generalitat. Funcionarios y asimilados deberían tomar nota de Estados Unidos, donde son mayoría los estados (con nuestro supuesto modelo California a la cabeza) que han decidido cerrar centros públicos durante ciertos días, dejando de pagar a sus funcionarios estas jornadas.
De la misma forma que Salgado habla de recortar 15.000 millones de euros para el año que viene y asume el correspondiente desgaste político, al no cubrir las expectativas de determinados ministerios y grupos profesionales, la Generalitat debe clarificar sus prioridades en los tres grandes capítulos que son de su incumbencia: sanidad, educación e inversiones públicas. Aunque sea un mensaje desagradable, no podemos ignorar que los 5 millones que aquí vivimos, no generamos dinero para todo lo que se ha proyectado y previsto, que los bancos nos están diciendo que la deuda «no va mas» y que los empresarios recuerdan que ellos son los que producen riqueza y puestos de trabajo y que la cosa no funciona.
En la situación que vivimos y vamos a vivir, las responsabilidades no son iguales y en algún momento habrá que depurarlas democráticamente, pero resulta estremecedor que no haya una sociedad civil que ayude a plantear las cosas, mas allá de una relación entre partidos, que no parece estar a la altura del riesgo que corremos. Quien tiene el Gobierno de la Comunidad, tiene la obligación de explicar las prioridades y hablar con cifras creíbles para a partir de ello, empezar a entender y debatir.
Maldito caso Gurtel y malditos trajes, posiblemente son una forma endiablada para no hablar de lo que debemos, en un marco que recuerde el ambiente de los Pactos de la Moncloa. Hay que gobernar y empezar a transmitir proyectos creíbles, mas allá de tópicos de «comunidad líder» y «Zapatero antivalenciano»; de lo contrario la historia será muy dura con Camps, más allá de las legitimas mayorías de votos que lo jalonan.