¿Controlando la inmigración irregular?

La subdelegada del Gobierno de España en Alicante, Encarna Llinares, sostiene que «el Gobierno trabaja de forma intensa en el control del litoral de Alicante para frenar la llegada de inmigrantes ilegales». Son palabras pronunciadas el pasado 21 de agosto con ocasión del desembarco de ocho inmigrantes en la playa de Cabo Roig de Orihuela. Con este son cinco los desembarcos en pateras que se han registrado este verano. El primero fue descubierto en la Villa Joiosa el miércoles 3 de junio; el segundo, en Elche, el sábado 4 de julio; el tercero, en Dénia, el viernes 31 de julio, y el cuarto, en el Cabo de las Huertas, en la ciudad de Alicante, el sábado 1 de agosto. Debería precisar la señora subdelegada qué debemos entender, o qué entiende ella, por trabajar de forma intensa.
Si bien es cierto que el Consejo de Ministros aprobó el 6 de julio de 2007 una inversión de 8,3 millones de euros para el desarrollo del Sistema Integral de Vigilancia Exterior —SIVE— en la provincia de Alicante y que el programa SIVE tiene como objetivo la lucha contra inmigración ilegal, las redes mafiosas y el narcotráfico mediante el establecimiento de un sistema operativo con tecnología avanzada, también lo es que la realidad es muy diferente a lo propugnado por el Gobierno del señor Zapatero, ya que, en lo que a la implantación del sistema se refiere, es notorio su incumplimiento. Efectivamente, la puesta en marcha de los radares se demora, y es que el sistema SIVE funciona desde 2004 en Algeciras, Fuerteventura, Cádiz, Málaga, Ceuta y Granada, mientras que en la Comunidad Valenciana ni siquiera está operativo. En 2005 se desplegó en Almería, Lanzarote y Gran Canaria. Asimismo se amplió el de Cádiz. En diciembre de 2008 se completó su extensión en Tenerife, La Gomera, El Hiero, Huelva, Murcia e Ibiza. Son datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en la publicación Balance de la lucha contra la inmigración ilegal 2008.
Desde el Gobierno valenciano, dirigido por el PP, pudiéramos entender que la instalación de este tipo de radares requiera de una tramitación administrativa compleja y que, por esta razón, se hubiera demorado su instalación. No obstante, evidente es el «pasotismo» del Gobierno de España con respecto a su implementación en la Comunitat; por ello, el pasado 22 de agosto, el Consell instó al Gobierno de España a que extreme la vigilancia en la costa para evitar que la Comunitat sea una nueva ruta de entrada de inmigración ilegal, pues con el blindaje de las costas andaluzas y murcianas, donde funciona el sistema SIVE, la inmigración ilegal procedente del norte de África se está desplazando hacia las costas alicantinas.
Además, a las personas que puedan llegar a nuestras costas de forma ilegal tenemos que sumar los inmigrantes desplazados desde Canarias. Desde 2005 la Comunitat ha recibido más de 4.600; concretamente, 268 desde el inicio de este año. En fin, con un modelo de financiación autonómica que pasará a la historia como el «modelo a la carta», que condena a los valencianos a seguir a la cola de España, y con un programa SIVE que no funciona, el Gobierno de Zapatero nos relega una vez más en políticas activas de inmigración; ya lo hizo no hace mucho relegándonos a un decimoquinto puesto en ocasión del reparto del fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes y el refuerzo educativo asignándonos 25,99 euros por cada inmigrante frente a los 35,15 de media en España, 10 puntos por debajo, cuando el porcentaje de nuevos valencianos se sitúa 5 puntos por encima de la media. ¿Quién trabaja de forma intensa, señora Llinares?