Donde las dan las toman

«Antes se pilla a un mentiroso que a un cojo», dice la expresión popular. Y así de popular, también, la reunión de la comisión nacional de inmigración del PP ha sacado a la luz las mentiras y las incoherencias políticas del Gobierno Camps. Esta semana el PP nacional ha decidido su posición política en el debate de totalidad del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que presenta el Gobierno de España. El Partido Popular va a defender la devolución del Proyecto de Ley en base a tres razones. Vamos a examinar tales razones.
La primera razón que arguye el Partido Popular es que el Proyecto de Ley es demasiado blando en el tema de la reagrupación familiar. Cuando ya nos habíamos acostumbrado a oír a Rafael Blasco reclamar al Gobierno de España mayor agilidad y más flexibilidad en la tramitación de las reagrupaciones familiares, ahora resulta que el Partido Popular pretende restringirla y romper el derecho básico de cualquier persona, inmigrante o no, a disfrutar de su propia vida familiar. Resulta irrisorio ver al conseller Blasco hace unas semanas, en la visita a un centro de acogida de mujeres, destacar que en la Comunidad Valenciana 18.645 personas logran el permiso de residencia por reagrupación familiar en el primer trimestre de 2009. ¡Como si fuese la Generalitat quien tramitase estos permisos!
La segunda razón que se invoca por el PP es la exigencia de que las comunidades autónomas no puedan ejercer competencias en materia de autorizaciones de trabajo para extranjeros. Curiosa exigencia cuando hace unos días supimos que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana acaba de solicitar al Gobierno de España la transferencia de estas competencias.
La tercera razón es que el Partido Popular quiere en la ley la exigencia del ya famoso contrato de integración. Ese contrato cuya existencia y pretensión tantas veces ha negado el Gobierno Camps. Un planteamiento materialista, difícilmente conciliable con la dignidad de la persona y con los postulados humanistas que cabe esperar de una sociedad democrática avanzada.
Desde posiciones progresistas siempre hemos mantenido que el Partido Popular carece de un verdadero programa político en materia de inmigración. Por muchas «escuelas de ciudadanía» con que se pretenda camuflar, el inmigrante fue, para el Partido Popular, un recurso económico útil en tiempos de expansión económica, pero que hoy, simplemente, es excedentario.
Y lo que más indigna es que un partido político que se rasga las vestiduras con el tema de la familia sea capaz de defender, por razones económicas, la necesidad de privar del derecho a la vida familiar a las personas que se han visto en la penosa necesidad de emigrar de sus países de origen.