La escandalosa factura de teléfono que las Corts Valencianes tuvieron que pagar en 2008, 451.000 euros frente a los 138.000 abonados en 2007, motivada por la decisión de asumir el coste íntegro de las llamadas de todos los parlamentarios y las conexiones a internet a través de los portátiles, así como por la contratación de personas para atender a los diputados en sus problemas con los celulares y ordenadores, constituye un insulto a los ciudadanos agobiados por las consecuencias de la crisis económica y que no gozan del privilegio de este «gratis total» de móviles e internet. Que los celulares puedan entenderse como un instrumento de trabajo de los parlamentarios entra dentro de la lógica. No lo es, en cambio, la absoluta falta de control en el gasto que evidencian las cifras que, cabe recordarlo, van con cargo al contribuyente. Más en tiempos en que las administraciones públicas hablan de recorte de gastos para afrontar el mal momento económico. Asumir el coste de las llamadas y el internet de los diputados sin ningún tope económico ni control y contratar a una empresa privada sólo para atender las dudas de los diputados con los portátiles -igualmente gratuitos- y los celulares parece exceder lo razonable, máxime teniendo un departamento de Informática. De nada servirán las proclamas públicas de austeridad si no se toman medidas para atajar y evitar situaciones como la astronómica factura telefónica de las Corts Valencianes.