EDITORIAL
En los últimos tres años, el gasto del Ayuntamiento de Valencia en el servicio de teléfono móvil sin límite del que disponen la alcaldesa, los concejales del PP y del PSPV, los asesores y algunos altos funcionarios se ha disparado hasta alcanzar los 561.201 euros del año pasado. No son más de 200 personas, pero su consumo medio mensual de más de 46.000 euros alcanza casi el doble de lo que pagan las Corts por el mismo concepto, del que disponen unas 120 personas.
Los responsables del gasto corriente en la corporación local han logrado rebajar, es cierto, la factura de telefonía fija, la que se extiende a todo el ayuntamiento, en línea con los recortes que en este servicio se han producido en muchas empresas y hogares como consecuencia de la competencia entre proveedoras. Pero son los miembros del escalón político, los ediles y los altos funcionarios, los que más ejemplo de austeridad han de dar en su entorno y a los ciudadanos, en línea con los objetivos anunciados por la alcaldesa Rita Barberá para 2009 y prorrogados el viernes para el año próximo.
Las instituciones están obligadas a ahorrar hasta el último euro que sea posible en gasto prescindible a fin de liberar fondos con los que intentar atajar la crisis, ya sea con inversiones generadoras de empleo o con ayudas sociales para quienes han quedado sin cobertura. La imagen de unos políticos, sean del partido que sean, con servicio ilimitado de móvil, escolta permanente, coche oficial y gastos pagados en cualquier lugar no es la que los ciudadanos aprecian, y menos en un momento en el que más de cuatro millones de personas están en el paro por una crisis económica que aún durará.