Los impuestos son las herramientas de que disponen los Estados para costear el funcionamiento de sus estructuras (lo que llamamos el gasto corriente) y también para garantizar muchos servicios que aseguran derechos tan fundamentales de los ciudadanos como los de la salud, la educación, la seguridad o el abono de las pensiones a los que han terminado su vida laboral.
Es cierto que el mercado libre permite a cualquiera acceder a los servicios sanitarios y los centros de educación privados, contratar una seguridad privada o disfrutar de un plan de pensiones; pero dicho sistema no tiene una cobertura general y sus prestaciones sólo quedan garantizadas en función del poder adquisitivo de quien puede contratarlos, mantener sus cuotas mes a mes y, en definitiva, no debe enfrentarse a situaciones económicas particularmente adversas.
Lo que distingue el modo de vida europeo del americano es la existencia de unos servicios públicos universales y de gran calidad y como contrapartida el hecho de que los europeos abonemos a las arcas del Estado una importante parte de nuestros ingresos en forma de impuestos.
En América, por bastante menos de lo que aquí se paga como impuesto de la renta, se pueden contratar servicios privados de excelente calidad pero que no cubren cualquier contingencia, y así, se pueden encontrar en las calles de las principales ciudades norteamericanas personas que perdieron su empleo o contrajeron una enfermedad grave y quedaron fuera del sistema, sin techo y sin esperanzas.
Disfrutar de una escuela pública de mayor calidad que la privada (para verificar este punto compárense los niveles de retribución de los profesores y el sistema de acceso a los cuerpos docentes en ambos sistemas) y de una sanidad pública del mayor nivel además de contar con unos cuerpos de Policía Local, Nacional y Guardia Civil al servicio de los ciudadanos y de la democracia y tener garantizado el cobro de nuestras pensiones, son razones que bien justifican el pago de impuestos.
Es cierto que en un mundo globalizado no se pueden ampliar excesivamente los impuestos de manera unilateral por parte de un Estado sin poner en peligro las inversiones que, en definitiva, son las que mantienen el nivel de desarrollo. También es cierto que, estando el señor Rato al frente del aparato económico del Gobierno de España, se consiguió aumentar los ingresos del Estado rebajando algunos impuestos, pero, en cualquier caso, es evidente que la garantía de los derechos ciudadanos se basa en la existencia de fondos suficientes para costearlos.
Por todo lo anterior, no dudo en salir en defensa del pago de impuestos y, en la coyuntura económica actual, me tranquilizaría mucho más ver a la oposición liderando la lucha contra el despilfarro, la corrupción y el gasto corriente que no contra la recaudación del Estado.