Una niña de doce años de Mislata ha comenzado sus clases de secundaria en un centro que carece del educador que necesita para recibir una adecuada formación. La niña padece el síndrome de Asperger, un trastorno autístico caracterizado por deficiencias en la interacción social y coordinación motora, y por los inusuales y restrictivos patrones de interés y conducta. La patología, sin embargo, no es incompatible con los estudios, aunque, eso sí, necesita un profesor de apoyo que la Conselleria de Educación no concede porque, según asegura su padre, «no tiene dinero». Cada inicio de curso saltan a los medios de comunicación problemáticas sangrantes protagonizadas por niños como la de Mislata o el escolar con síndrome de Down de Llíria al que la conselleria ha enviado a un centro de Cheste, obviando su delicado estado de salud. Gobernar es dar prioridades. La Conselleria de Educación no puede responder a un padre que no tiene dinero para dar a su hija la atención que necesita. Sencillamente, no puede. Y que los padres tengan que verse obligados a acudir a la Fiscalía de Menores a denunciar la situación de desamparo en la que se encuentran no debería ocurrir en una sociedad moderna como la nuestra. A las personas más severamente afectadas por el síndrome de Asperger les puede resultar imposible, incluso, reconocer el significado de una sonrisa. ¿Cuánto vale que una niña de doce años tenga el apoyo necesario para reconocer el significado de una sonrisa? ¿La Conselleria de Educación no tiene dinero para hacerlo posible?