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¿Hasta cuándo el «tráfico» de personas?

Mónica Gutiérrez Martínez

 01:38  

Según un Informe de la Guardia Civil, más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país son inmigrantes en situación irregular, provenientes de países empobrecidos, y la mayoría lo hacen en la calle o en clubes de carretera en condiciones precarias.
Sólo en Europa entran cada año 500.000 mujeres y niñas que serán víctimas de explotación sexual, si atendemos a la Campaña de Naciones Unidas por los Derechos de las Mujeres. Estamos ante un negocio que genera 32 mil millones de dólares anuales, constituyendo el segundo delito más rentable del mundo, y según Naciones Unidas, España está entre los 10 países con una incidencia más alta de este delito.
La trata de personas con fines de explotación sexual es, sin duda, una cuestión de género ya que las víctimas de las mafias son mayoritariamente mujeres y niñas, y normalmente son hombres los que demandan servicios sexuales, sustentando así el negocio de la prostitución que alimenta las redes de trata para su explotación sexual.
Asimismo pobreza-mafia-prostitución van de la mano. La pobreza es el principal motivo por el que estas mujeres llegan a ser víctimas de las mafias, son personas vulnerables económica y socialmente, en la mayor parte de las ocasiones se trata de mujeres jóvenes con una precaria situación económica, procedentes de zonas deprimidas de países empobrecidos, que ven en su salida del país la solución a su situación, confiando en la promesa de una oferta de trabajo en Europa.
Casi todas las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país lo hacen obligadas, están vinculadas a las mafias por grandes deudas económicas, amenazas a sus familias en el país de origen, o diferentes prácticas como el vudú, razones que las convierten en víctimas de extorsión y de abusos, asegurando su permanencia en esta situación de vulneración de derechos.
Con todo ello es necesario sensibilizar a la opinión pública de que el cliente que utiliza los servicios de una prostituta en la mayoría de las ocasiones sirve de soporte a todo este engranaje que violenta derechos fundamentales de las mujeres y niñas de los países más pobres del mundo, no son mujeres que estén ahí porque quieren, la mayor parte de las veces no tienen capacidad de elección sobre su presente ni sobre su futuro, ni siquiera eligen libremente el lugar en el que el cliente las encuentra, y aún así seguimos perpetuando esta forma de esclavitud, seguimos perdiéndonos en debates paralelos, en cuestiones secundarias, cuando lo importante y lo urgente coincide en este caso: evitar que éste, nuestro primer mundo aproveche situaciones de desigualdad, de pobreza, de extorsión, de vulneración de derechos humanos para contentar a una demanda cada vez más creciente, que sirve de excusa a mafias que negocian con vidas de mujeres y niñas.
Desde nuestro contacto diario con ellas no podemos más que reconocer la urgencia de abordar esta problemática. Es necesario conocer su realidad, poner fin a las situaciones que vulneran sus derechos, promover su inserción, concienciar a nuestra sociedad, y devolverles la libertad que les fue arrebatada.
Desde el programa Jere-Jere de Cáritas Diocesana de Valencia (fruto de un convenio con el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y Delegación del Gobierno) se acompaña a estas mujeres en las dificultades que se encuentran a diario, riesgos que van desde la posibilidad de contraer el sida o enfermedades de transmisión sexual hasta sufrir malos tratos por parte de sus proxenetas o clientes. Durante el año 2008 por parte de los profesionales que componen el equipo multidisciplinar se realizaron un total de 2954 atenciones y 849 contactos en la calle. Se realizan tareas de sensibilización, prevención, intervención, asistencia en diferentes órdenes y acompañamiento, informando de todos los recursos disponibles y de las posibilidades existentes para la inserción de estas mujeres. Sin embargo, somos conscientes de la pequeñez de nuestras acciones ante la magnitud del problema.
Es importante, urgente, y necesario unir esfuerzos y líneas de actuación para acabar con esta realidad que atenta contra los derechos humanos de las mujeres y niñas.

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