El desmantelamiento en Valencia de una de las organizaciones más importantes de cuantas se dedican en España a poner en el mercado negro grandes cantidades de cocaína supone, per se, un extraordinario éxito de la policía nacional, principalmente de las unidades especializadas en la lucha antidroga. Y lo es, sobre todo, por dos peculiaridades de la idiosincrasia del grupo: es el primero liderado por un español —un empresario saguntino, según la policía— que compra la droga en origen y controla todo el proceso de distribución, algo reservado hasta ahora de forma exclusiva a las organizaciones colombianas, y es también el primero que provee a los clanes gallegos, que siempre habían desempeñado el papel contrario.
Pero, salvada la enorme valía de la operación desde el punto de vista policial y judicial, lo que evidencia el desmantelamiento de esta poderosa organización es, una vez más, la vulnerabilidad del Puerto Autónomo de Valencia como punto de entrada de grandes cargamentos de cocaína procedentes de Suramérica. De hecho, el valenciano es ya, desde hace tiempo, el recinto portuario europeo donde más droga aprehenden las fuerzas de seguridad. Por no hablar del riesgo de que la Comunitat acabe supliendo a Galicia como territorio libre de los clanes mafiosos dedicados al tráfico de cocaína a gran escala. Y contra ese peligro más que cierto sólo cabe un mayor control de lo que llega al puerto, y más y mejores medios para las unidades policiales que luchan contra el crimen organizado en la Comunitat Valenciana.