Transparencias y alcantarillas

Los que aseguran que existe un déficit democrático en la CV por algunas conductas irresponsables que actúan como reflejos de la mayoría absoluta en la que está instalado el PP aquí, bien podrían trasladar su sentencia a España entera a poco que siguieran la línea argumental de algunos dirigentes de ese partido: los informes sobre la financiación irregular del PP están instigados, controlados e inspirados por el mismísimo ministerio del Interior, es decir, por Rubalcaba –lo cual tampoco es de extrañar–, con la correspondiente y oportuna participación de los altos mandos policiales. Sin embargo, ni hay un estado policial irradiando desde Madrid, como enfatiza el PP, ni existen una erosión de las garantías democráticas en la CV más allá de la consabida prepotencia emanada de las sucesivas y abrumadoras conquistas electorales. No peligra la relación de poderes, fullerías y transparencias al margen.
El PP se siente acosado por el Gobierno en el caso Gürtel y sus fantasmas se extienden hacia una teoría de la conspiración que tendría como cabeza del eje del mal al propio Zapatero y como instrumento dúctil a todo el Estado de Derecho. Es un exceso, incluso si lo tomamos como escudo protector. Y esa respuesta encendida ante una investigación todavía abierta –un acto de defensa instintivo que no es sino un ejercicio retórico para la «conservación de la especie»– magulla la salud democrática: ataca en ocasiones o defiende en otras, según caiga la pieza en territorio amigo o enemigo, a jueces y a fiscales, a instituciones o a los distintos aparatos del Estado. Menos mal que ayer Ricardo Costa y no sé si Vicente Rambla reconocieron su equivocación al trabajar con Orange Market, la empresa que está enviando a los infiernos a buena parte de la dirección del PP valenciano.
En cualquier caso, está por demostrar que las empresas valencianas implicadas en la investigación hayan financiado al PP valenciano, como dicta el informe policial, rechazado –porque no constituía parte de la «causa» relacionada con el cohecho impropio— por los tribunales valencianos. La verificación de ese extremo no ha de resultar ni obvia ni elemental y sí un descrédito para las mercantiles que trabajan en este territorio. Que habrán de acudir, como todos los actores de la trama –y como es su obligación–, a la comisión de investigación que han reclamado los socialistas. Ángel Luna quiere dirimir la cuestión en términos políticos y advierte, al mismo tiempo, que hay más munición. Esperemos que la «munición» sea trasladada ante la opinión pública por unos cauces ajenos a los de las alcantarillas y bajo el signo de la transparencia que se le exige al PP y al Consell. Transparencia para las cuentas públicas y las conductas políticas, transparencia también en los usos de la maquinaria fiscalizadora de la oposición.