No por esperada es menos bienvenida. La propuesta de un contrato tipo de compra-venta de naranjas y mandarinas que toda la cadena del sector citrícola —desde los agricultores hasta la industria y el comercio privado— ha remitido al Ministerio de Medio Rural, y la espera de lo que diga Competencia, supone un gran paso adelante para la agricultura valenciana porque puede corregir, si se cumple, dos males endémicos en el campo: la falta de transparencia y de seguridad jurídica del agricultor a la hora de vender y cobrar su cosecha, así como la inexistencia de unos precios mínimos o de referencia en el sector.
El contrato en ciernes acabará con la práctica frecuente de improvisar albaranes de dudosa legalidad y servirá para fijar aspectos tan fundamentales como la fecha de recolección y de pago, o la cantidad recolectada. Pero sobre todo podría servir para garantizar unas rentas mínimas a los productores tras las desastrosas campañas de los últimos años. Los precios de referencia estrecharán las grandes diferencias registradas entre el valor de los cítricos en origen y el de venta al público, donde los márgenes comerciales que obtiene la gran distribución son astronómicos. Del éxito de esta propuesta, alentada por la Conselleria de Agricultura, dependerá sin duda el trabajo de la comisión de seguimiento de Intercitrus. La medida nace con suficiente respaldo político, pero será necesario un gran esfuerzo de consenso entre todas las partes implicadas en el sector naranjero.
Después de tres campañas desastrosas, la actual arranca con mejores expectativas de ganancias por la esperada reducción de la producción de entre un 20% y un 30% en comparación con la temporada precedente, así como por la mejora de calibres. Además, la gripe A puede incentivar el consumo. Y un cuarto factor a tener en cuenta para mantenerse en el optimismo es la puesta en marcha en Sagunt de la fábrica de zumos Zuvamesa, que permitirá incrementar la cosecha destinada la industria.