En estos días en los que la difusión de un informe policial ha puesto en
entredicho la financiación del PPCV por haber pagado, supuestamente, actividades electorales y organizativas a la trama Gürtel con fondos no autorizados, los populares han aceptado en las Corts una investigación sobre sus cuentas sólo si se incluye la indagación de las del PSPV. La respuesta forma parte del juego político habitual. Sin embargo, las declaraciones de Carlos Fabra representan un salto cualitativo que no debe quedar en una mera hipótesis. Fabra aseguró ayer que sabe «de dónde cae el agua» que riega las arcas socialistas y quién es el responsable de que esto ocurra, cabe suponer que de espaldas a los órganos encargados de velar por la correcta y legal financiación de las fuerzas políticas.
El presidente de la Diputación de Castelló y del PP en esa provincia, tras sugerir que conoce datos sobre una presunta financiación ilegal de los socialistas, ha quedado abocado a denunciar el hecho ante los tribunales, la Fiscalía Anticorrupción o la instancia que corresponda. Después de sus palabras de ayer debe recorrer el camin0 hacia los juzgados como conocedor, según explicitó, de la supuesta comisión de un delito. Porque si no lo hace, su actitud quedará circunscrita a amenazar a un rival político con difundir información supuestamente delictiva si éste se niega a guardar silencio. Y eso es un flaco favor a la política y a los ciudadanos en los que reside la soberanía.