Los socialistas valencianos pidieron una comisión de investigación en las Corts para fiscalizar las cuentas del PP tras las últimas revelaciones del caso Gürtel que entran de lleno en la supuesta trama de financiación irregular de ese partido en Valencia, según el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Según ese documento, en el que han trabajado cuatro agentes, existía en las zonas oscuras del PP y de la Generalitat una «organización delictiva asentada dentro de las Administraciones Públicas cuyo objetivo era lograr capitales a través de la intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos y la concesión de contratos de servicios a empresas de la trama». Ayer, el PP admitió la comisión de investigación y la extendió a todos los partidos del arco parlamentario. Según el PP, que dice tener sus cuentas claras y auditadas por el Tribunal de Cuentas, servirá para demostrar la transparencia de todas las formaciones políticas. Sin embargo, no se trata aquí de ampliar el ámbito fiscalizador a los socialistas o a Compromis –bienvenido si es así– sino de examinar ante la opinión pública una contabilidad, la del PP, sobre la que hay fundadas sospechas de que no se ha ajustado a los métodos regulados por la ley. Ése es el problema y no el de componer una pantomima política. Según la policía, existía una «caja B» que no aparece en los órganos reguladores administrativos. Es el punto que hay que esclarecer depurando responsabilidades.