El descontrol y la avaricia en las promociones urbanística de los años del crecimiento económico han ido más lejos de lo que se pensaba, como se va conociendo a medida que se desvelan nuevos datos de ese período en el que la geografía valenciana ha sufrido la mayor depredación territorial de su historia… y esperemos que la última. Los datos que hoy refleja Levante-EMV sobre las construcciones, que se han levantado en zonas que advertía como inundables el Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (Patricova), llaman a la preocupación. Si las comisiones territoriales que otorgan las autorizaciones han permitido 26 planes con informes desfavorables o el voto en contra del Ministerio de Medio Ambiente, si en 44 casos no se solicitó el preceptivo informe y si se ha dado el placet a otros 43 de los que no se ha terminado de hacer una evaluación de riesgos, estamos ante un claro ejemplo —numerosos ejemplos— de una invitación a las inundaciones, si bien la Generalitat Valenciana niega tales cifras. El Patricova fue pionero en España y recientemente se ha anunciado que se va a actualizar, como ya se glosó positivamente aquí, pero eso no justifica esa actuación. No pueden darse más casos de tolerancia, más requerimientos complacientes para dar los permisos o el mirar para otro lado. La Administración pierde así todos sus argumentos ante las víctimas de las inundaciones e incumple su obligación de ordenar el territorio y aplicar sus propias normas.