AVE «ilegal» y cainismo manchego

En Valencia, la Línea de Alta Velocidad (LAV) empieza a percibirse, tanto en incomodidades de los barrios afectados como en una de las pocas señales de ilusión colectiva, en la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, desde el pasado día 22, puede haber alguna base para, en palabras un tanto alarmistas, que «se declare ilegal el tramo entre Motilla y Valencia». Ello podría ser un corolario de la decisión del Supremo, como resultado de un recurso presentado hace mas de siete años, en Albacete, por Iniciativa Cívica en Favor del Trazado Sur del AVE.
Han pasado ya más de doce años desde que el primer Gobierno Aznar propusiera hasta seis itinerarios para comunicar con LAV la Comunitat Valenciana y Murcia con el centro peninsular. Pronto se redujeron a dos (cada una con sus ventajas e inconvenientes): la llamada sur, basada en el recorrido existente desde hace 150 años a través de Albacete y Alcázar de San Juan, y la norte, o directa, una nueva LAV por Cuenca. La discusión fue apasionada, pues había mucho en juego, y todos nos sentimos satisfechos, cuando en enero del 2001 se selló el pacto de Murcia: un Valencia-Madrid directo por Motilla, y, desde Albacete, el acceso a Alicante y un ramal a Valencia a través de la Costera, la Ribera y l´Horta Sud. José Bono, único representante del PSOE en la reunión de Murcia, aprovechó la posición de fuerza que le daba la posibilidad de bloquear el proyecto, ya que el tren tenía que atravesar su territorio, para arrancar el compromiso de un AVE que pararía en Albacete y Cuenca y los valencianos aceptamos que ningún tramo funcionaría antes de los que afectaban a Albacete. La planificación del nuevo Gobierno del PSOE aceptó y puso en marcha el proyecto y, salvo catástrofe, en 2010 habrá AVE hacia Madrid, desde Valencia, Albacete y Cuenca.
Sin embargo una parte de la sociedad de Albacete pensó que con la solución norte su ciudad perdía puntos en favor de Cuenca, y cuando sólo había transcurrido un año del pacto murciano, el grupo Iniciativa Cívica del Trazado Sur interpuso un recurso contencioso administrativo contra la licitación de los entonces primeros once tramos del itinerario por Cuenca. Este fue admitido a trámite, entre otras causas, por no haberse producido la pertinente declaración de impacto ambiental, ni la resolución administrativa formal que daba luz verde al trazado norte. La historia dice que en febrero del 2003 se anulaba la resolución que aprobaba el estudio informativo en el subtramo Motilla-Valencia, y tras recorrer las instancias de la Audiencia Nacional, cuando por fin en 2007 las obras empezaban a tomar velocidad de crucero, la decisión fue recurrida en casación por el abogado del Estado. Ahora, dos años y medio más tarde, con el AVE a las puertas de Valencia, el Supremo rechaza ese recurso considerando, entre otros motivos, que la declaración de impacto se hizo «sin evaluar realmente las repercusiones medioambientales del proyecto» y con ello aparece un desagradable interrogante para los valencianos, que hace que el ministro haya pedido tiempo para reaccionar.
No puede decirse que la solidaridad de Albacete con Cuenca haya sido un ejemplo de cooperación territorial dentro de una misma comunidad autónoma, aunque nadie niega un posible fallo en la tramitación administrativa por parte de los responsables de Fomento de la época. Sea lo que sea, desde la Comunitat Valenciana no podemos aceptar que vayamos a ser víctimas de guerras de campanario o de insolvencias administrativas. ¿Se imaginan, con sana envidia, lo que ocurriría si esta situación se diera con Cataluña como autor o víctima?
Este es un problema de Estado, por lo que hay que pedir solidaridad de todos, incluidos el gobierno de Castilla-La Mancha. Dependemos de la capacidad del ministerio para capear la situación, de demostrar que se ha sido respetuoso con la fauna y el medio ambiente y de mantener el respeto a la justicia, a pesar de sus «tempos» demasiadas veces incompatibles con muchas aspiraciones colectivas.