Los más de 125 millones de euros que el Ministerio de Medio Ambiente invertirá en la Comunitat Valenciana en los próximos años, destinados principalmente a reponer arena e infraestructuras litorales dañadas por una combinación de temporales cíclicos e intervenciones humanas perjudiciales, representan una factura muy elevada que los expertos europeos reunidos en Valencia estos días están cuestionando. Estas voces críticas señalan que resulta más barato a la larga invertir en la recuperación de procesos naturales en la costa que reponer constantemente arena en determinadas playas o construir espigones y escolleras para evitar que el mar dañe instalaciones o servicios que no deberían estar sobre el agua sino en segunda o tercera línea.
Este impacto es doble, económico y ambiental, y golpea con más fuerza en otoño, con la llegada de la gota fría y la inundación de áreas litorales urbanizadas que a menudo ocupan espacios que un día fueron salidas del agua hacia el mar. En una sociedad en la que la responsabilidad se ha de abrir camino y que aplica cada vez más el principio de que quien causa los daños, paga las reparaciones, no estaría de más que se abriera paso esa fórmula en las costas. No parece justo que los impuestos de todos cubran los desmanes de algunos, que han autorizado o consentido intervenciones en las franjas litorales contrarias a la naturaleza y al sentido común bajo el manto del supuesto interés general. El exceso de urbanización en las costas valencianas empieza a pasar factura. Y ésa sí es para todos.