Un modelo que no sirve

En los tiempos en los que vivimos, de inquietud y crisis social y económica, en los que el ejercicio del derecho de huelga se ha convertido en algo insólito e inusual, puede sorprender sin duda que un colectivo aparentemente privilegiado, el de los jueces y magistrados, pueda plantear una huelga que además es ajena a reivindicaciones corporativas y en la que se demanda simplemente poder cumplir sus funciones constitucionales, otorgando la tutela judicial efectiva y prestando un servicio público de calidad.
No nos puede distraer de lo realmente importante el debate forzado sobre el derecho de huelga de los jueces, reconocido en los países de nuestro entorno pero que se cuestiona tanto desde fuera como incluso desde dentro de la propia carrera judicial con posiciones ultraconservadoras, propias del antiguo régimen que defienden un modelo de Juez que se mantiene por encima del resto de los ciudadanos y que no rebaja a comportarse como un asalariado más.
Lo realmente relevante y lo que de verdad preocupa al conjunto de las personas que trabajan para la Administración de Justicia es que la situación de los juzgados y tribunales es a día de hoy sencillamente insostenible y se encuentran al borde del colapso, de modo que la función judicial de resolver los conflictos entre los ciudadanos y de garantizar sus derechos frente a los abusos de la Administración está en peligro, lo que pone en cuestión la esencia misma del Estado social y democrático de derecho.
Después de décadas en que los responsables políticos se han preocupado más de controlar la justicia que de mejorarla, sabedores de que se trata de algo que ni da ni resta votos, las esperanzas puestas en las reformas prometidas a tenor del clamor social y de la huelga del 18 de febrero, se han visto defraudadas después de conocer el llamado «Plan Estratégico de Modernización de la Justicia», presentado oportunamente días antes de la anunciada huelga, que lejos de dar respuesta a los retos del presente, aún reconociendo el esfuerzo de los responsables del mismo y el avance que hipotéticamente puede suponer, se limita a establecer una serie de ejes programáticos, objetivos estratégicos y buenas intenciones pero sin contenido real. Desde luego la oficina judicial sigue siendo a día de hoy una entelequia, la creación de órganos judiciales sigue el ritmo previsto en los últimos años, el aumento de personal es insuficiente y no aparecen las reformas procesales que agilicen los procedimientos, sin olvidar que las cantidades que se anuncia se van a invertir, por ejemplo en nuevas tecnologías y modernización, no permitirían asumir el fichaje de algunas de las estrellas de nuestra liga.
La justicia requiera medidas concretas y urgentes, no planes programáticos, comisiones de estudios ni promesas futuras que no ofrecen la necesaria credibilidad. Las demandas de los colectivos de la justicia y la sociedad en general siguen sin obtener respuesta aunque algunas asociaciones judiciales se desmarquen de la huelga acreditando de nuevo, que en muchas ocasiones no representan al colectivo sino que defienden sus propios intereses, lo que explica que casi la mitad de la carrera no pertenezca a ninguna de ellas.
El modelo de justicia actual no sirve, es preciso cambiarlo radicalmente y mientras que esto no se haga somos responsables de reclamar estos cambios en beneficio de la ciudadanía para la que trabajamos, teniendo que recurrir a medidas de protesta aunque sólo sea para que las reformas anunciadas no queden en papel mojado.