El levantamiento parcial del sumario por el TSJ de Madrid –17.000 de sus 40.000 folios– ha desatado una tempestad política en toda España, con ramificaciones en distintas autonomías gobernadas por el PP, entre ellas Galicia y Castilla y León. La gravedad del caso ya ha hecho tomar medidas a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Es la segunda vez que las revelaciones de los tribunales y las instancias policiales golpean a sus hombres de confianza. En cualquier caso, las ramificaciones de la trama encabezada por Correa desvelan un escándalo político de dimensiones todavía imprevisibles. En la Comunitat Valenciana, llueve sobre mojado. Las derivaciones del caso Gürtel torpedearon al Gobierno valenciano en el asunto de los trajes, archivado por el TSJ y recurrido por las partes y la Fiscalía ante el Supremo. En ese apartado del proceso se vieron involucrados el presidente Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos. Pese a que el Consell intente pasar página tras el sobreseimiento del TSJCV, la evolución de la lógica judicial pone límites a una salida airosa, por el momento, para los dirigentes valencianos. El Supremo todavía ha de decidir.
El sumario del TSJ de Madrid, sin embargo, contiene, si cabe, mayor trascendencia política. Se trata –y así lo evidencian todos los indicios– de una trama de corrupción a gran escala en el Partido Popular, que se incrusta además en las instituciones democráticas gobernadas por ese partido. Y que tiene en la Comunitat Valenciana una de sus principales fuentes a través de la empresa Orange Market. La envergadura del escándalo es gigantesca. En las grabaciones de la policía adscritas al sumario vienen apareciendo, de nuevo, los máximos dirigentes del PP valenciano, relacionados directamente con la trama. Es inevitable, por tanto, olvidarse de la estrategia de la avestruz –la que sigue el PP valenciano– y tomar medidas cuanto antes. La evidencia de que, desde que comenzó el caso, el Consell que preside Camps está paralizado responde a una realidad aceptada por todos. El sacrificio de Costa, si al fin se produce –el martes se ha convocado a la directiva del PP–, se instala en el área del partido. Pero es el Consell el que ha de normalizar su dinámica política y su gestión ciudadana. Se imponen gestos y decisiones contundentes a la altura de la respuesta que esperan los ciudadanos en unos momentos, además, bañados por la incertidumbre económica.
