Después de un insólito encastillamiento que se prolongó durante la noche del martes y de un inaudito cruce de comunicados entre la dirección nacional del PP y la de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps ejecutó ayer por la mañana las directrices de Mariano Rajoy con un abstruso : «Ya está. Como se acordó ayer, el PP ha tomado las decisiones en relación con lo que se propuso.» Cerraba de esta guisa lo que a todos los efectos quedará como la mayor insubordinación que ha sufrido la ejecutiva nacional de un partido desde la reinstauración de la democracia en España. Y lo más llamativo de todo es que lo hacía sin aclarar siquiera lo ocurrido durante el tiempo en el que el PPCV se dejó caer por la pendiente de la sedición. No explicó por qué, al menos aparentemente, se plegó a las amenazas que Ricardo Costa lanzó por escrito y con publicidad contra él y contra Mariano Rajoy, ni por qué dejó de plegarse a sus designios y acató las instrucciones que apenas unas horas antes ponía en entredicho la dirección regional del partido. Quedan incontestadas, pues, muchas preguntas. No siendo la menor de ellas la de si realmente Ricardo Costa se limitaba a cumplir órdenes de sus superiores cuando negociaba las contrataciones y establecía la forma de pago con Álvaro Pérez o actuaba por su cuenta y riesgo. Camps se limitó a dejar caer a Costa y a repartir su herencia entre dos alicantinos, César A. Asencio y Rafael Maluenda. Se supone que con la intención de reforzar el flanco sur de sus dominios de cara a la dura etapa que le espera sin parachoques, sin el cariño de Rajoy, cuya confianza en el presidente de la Generalitat ha de haber bajado muchos enteros, y con dos terceras partes del sumario del caso Gürtel todavía bajo secreto sumarial.