Una reforma injusta

Antonio Arnau

L'a reforma de la Ley de Extranjería que se está tramitando en el Congreso de los Diputados por el procedimiento de urgencia, el Gobierno la está vendiendo como «necesaria» para adecuar la normativa a las exigencias de las directivas europeas. Sin embargo, la urgencia es más que improcedente porque se está haciendo excediéndose en los recortes y, en el momento más peligroso posible: en mitad de una profunda crisis con su correlato de desocupación creciente. Esto propicia una demagógica vinculación entre inmigración y paro de raíces xenófobas, no por simplista menos peligrosa, y un riesgo evidente para el repunte de posiciones de extrema derecha.
Es una reforma inoportuna, impuesta sin suficiente participación y diálogo con los agentes sociales. Parece que la intención del Gobierno sea pasar de «tapadillo» diversos recortes en los derechos de los inmigrantes para cumplir con las directivas europeas e incumplir, al mismo tiempo, las sentencias del Tribunal Constitucional que exigen el respeto de los derechos fundamentales de las personas «sea cual sea su situación administrativa». El hecho de que ya se vulneren esos derechos con la aplicación restrictiva al derecho de Asilo, no lo justifica sino que lo agrava. Una sociedad de democracia avanzada retrocede cuando se pretende negar el empadronamiento a los emigrantes que no tienen todavía la residencia, lo que supone nada menos que dificultarles el acceso a los servicios sociales y sanitarios básicos, a la vivienda, a la justicia gratuita y a su protección en caso de ser víctimas de violencia de género. Estas son dificultades para los inmigrantes, pero que pagarán también los ayuntamientos al no poder reflejar su población real. El empadronamiento es su obligación legal y negarlo es la política del avestruz.
El Estado debe reconocer los derechos fundamentales de las personas y eso le obliga a modificar la ley, pero no en el sentido de recortar sus derechos y regular los fundamentales según los fluctuantes intereses de los mercados, tratándolos como mercancías, a veces demandados, a veces excedentarios. La adecuación a las directivas europeas no exige aumentar los tiempos de privación de libertad en centros de internamiento, no obliga a romper unidades familiares, ni a desproteger a los menores. Hacerlo no nos dará más seguridad, a no ser que sea la segura reducción a la larga de nuestros propios derechos y libertades.
Desde Esquerra Unida, queremos otra política de inmigración que priorice valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad y procedimientos como la participación y el diálogo. Denunciar el recorte de derechos en un momento de crisis como el actual, no sólo económica, sino también de valores, no es alarmismo. El racismo y la xenofobia quieren ser utilizados por los de siempre para enfrentar a los trabajadores entre sí. Estos innecesarios recortes en derechos criminalizan la inmigración, la diferencia, promueven la intolerancia y propician climas de opinión muy negativos para nuestra sociedad.
Queremos una sociedad abierta y de integración, basada en los valores humanistas y los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre, en los que, como dijo José Saramago, «está todo». Queremos una gestión política con miras en el futuro, y no basada en el cortoplacismo de gobernantes demasiadas veces dispuestos a seguir las enseñanzas de Maquiavelo. Aquellos que hablan de principios elevados mientras hacen lo contrario, demostrando con ello que son seguidores de aquella sarcástica frase de Groucho Marx que decía: «estos son mis valores, pero si no les gustan tengo otros».

Secretario de movimientos sociales de EUPV