No podía ser de otra forma. El presidente del TSJ de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, uno de los magistrados de la Sala de lo Civil que votó favorablemente para sobreseer la causa valenciana del caso Gürtel, en la que estaba imputado el presidente Francisco Camps, y al que Compromís denunció por prevaricación por una supuesta estrecha relación con el jefe del Consell, reivindicó la independencia del trabajo de los jueces, «siempre ajenos a todo tipo de presiones e, incluso, de maledicencias», lo que le granjeó un sonoro aplauso de los magistrados en la apertura ayer del año judicial. Esa objetividad, por el contrario, no se vio reflejada cuando le llegó la hora de describir la escasez de medios, ciertamente grave, por la que atraviesa la administración de justicia en la CV y, de señalar, aunque fuera vagamente, la falta de asignaciones de la Generalitat Valenciana. De la Rúa habló de un aumento de litigiosidad pero no recogió, como sí lo hizo la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que el Consell no ha invertido en las instalaciones y en la plantilla de funcionarios. Es el guión, al fin y al cabo, de cada año. Fernando de Rosa se salió del esquema y animó al debate de despenalizar algunas faltas para agilizar la justicia, que es, al fin y al cabo, el cáncer de este pilar democrático, sin que se encuentre un equilibrio tolerable entre el aumento de litigios y su resolución. El retraso implica en sí lo que el presidente De la Rúa dijo en su discurso: que la justicia que llega tarde no es justicia.
