Madrid siempre llama dos veces

 

Cruz Sierra



La Comunidad Valenciana va a cumplir dentro de nada, en 2012, treinta años con estatuto de autonomía. Veintisiete al día de hoy en los que si todo hubiera ido por su sitio, este histórico territorio habría sobrealimentado y fortalecido su capacidad de autogobierno y adquirido mayores cotas de soberanía sobre su propio destino del mismo modo que lo han hecho otras comunidades históricas. Pero algo se ha debido torcer por el camino por causas que tal vez sociólogos e historiadores puedan desentrañar: la Comunidad Valenciana no es menos que ninguna, no tiene menos derechos históricos ni forales –puede que incluso más– ni ha aportado menos renglones a la historia española ni a su economía, comercio y cultura, pero se siente irresistiblemente atraída hacia la Meseta y lo mesetario y ello le conduce a permitir, o a mostrarse incapaz de evitar, o a preferir... que Madrid, el Estado o el Gobierno (elegir la opción que mejor se ajuste a cada caso) diga la última palabra en asuntos y cuestiones que sólo competen a instituciones y dirigentes autóctonos, que decidan por ellos y metan mano en su siempre indeciso destino.
Acaba de ocurrir con el conflicto del PP y la abochornante imagen ofrecida por sus dirigentes, Camps, Costa y el comité ejecutivo del partido en pleno, alcaldes, presidentes de diputación y responsables varios, incapaces entre todos de solventar por sí mismos un feo problema interno abriendo la puerta a la intervención de la «casa gran» de Génova para devolver algo, sólo un poco, de sentido común a la crisis de la formación. Con o sin razones ni matices, al final llegó el ordeno y mando de la capital para acabar con las dudas, lágrimas e ineficiencias. Madrid habló y punto. El otro partido mayoritario de la Comunidad, el PSPV, sufre el mismo síndrome: Ferraz siempre baila el último chotis en las grandes corridas políticas de los socialistas locales. Ferraz fue quien decantó la victoria electoral en el último congreso del partido a favor del actual secretario general, Jorge Alarte. Ferraz es quien maneja los escasos hilos de relevancia que se mueven hoy por hoy en esa casa, como la moción de censura en Benidorm, incapaz Blanquerías de frenarla. Y Madrid, por boca de ZP, ya ha marcado las primeras instrucciones para la candidatura a la alcaldía de Valencia en 2011 (silencio total hasta nuevo aviso...).
Pero no sólo en política se refleja esta especie de narcodependencia valenciana de lo central. También en la judicatura, en la economía, entre los sindicatos, las empresas y las finanzas. El Tribunal Supremo continúa analizando desde la capital del Estado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat de archivar la causa de los trajes de Gürtel por presunta irregularidad en la composición del tribunal que decidió sobre tal hecho, como si no fuera sabido que ciertos lazos personales son incompatibles con la objetividad del juicio, por decirlo suave. Y el TSJ de Madrid ha abierto sumario sobre asuntos (de nuevo Gürtel), que la justicia regional ni siquiera consideró aunque tuvieran firmes prolongaciones en Valencia. Al final es como si fuera Madrid quien deba señalar el camino y los asuntos para la actuación de la justicia valenciana. Qué despropósito.
Y para qué hablar del mundo del dinero y su concepto de Valencia como plaza financiera, convertido en una entelequia que sólo un puñado de indígenas de la city local viene persiguiendo desde hace años pero sin decisión ni estrategia reseñables. De nuevo es Madrid, desde la Plaza de la Lealtad y de la mano del Banco Santander, quien gobierna la Bolsa local ante la apatía de los actores financieros autonómicos, las entidades financieras regionales, las escasas empresas locales que salen a cotizar al parqué y que siempre buscan ser presentadas primero en Madrid, e incluso de la propia Generalitat, que pasa de la cuestión a pesar de algunos desesperanzados esfuerzos aislados. Y ya veremos qué ocurre con las cajas, no vaya a venir una madrileña, por deseo expreso de Génova, Ferraz, Cibeles, Moncloa y si mi me apuran hasta de la Zarzuela, a comerse las joyas de la corona del Reino de Valencia, Bancaja o CAM, después de que ningún gobierno autonómico, conservador o progresista, haya sido capaz de fundirlas en una sola para ofrendar nuevas glorias financieras no a España sino simplemente al necesitado conjunto del empresariado y la economía valencianas. Hasta los grandes y solventes medios de comunicación que operan en la CV tienen, todos, sus centros de decisión en el exterior de la Comunidad, principalmente en Madrid, resultando muy difícil para el capital local dotarse de una plataforma que los represente si no es con el concurso de grupos ubicados a un lado u otro de la M-30.
Así que sin voluntad de autogestión, ni políticos genuinamente autónomos, ni jueces, sindicatos, patronales... ni siquiera entidades financieras realmente emancipadas, no hay autogobierno ni autoestima nacional que valgan. Vivimos entre dos aguas. Madrid nos mata.

El fondo de la red

El PP se ha agarrado como a un clavo ardiendo al hecho de que el presunto delincuente Correa fue grabado en la cárcel, seguramente de forma ilegal, asegurando que Camps se había pagado sus trajes. Hacen bien los populares y Camps en pasar al contraataque: es justo y necesario. Pero no olvidemos que ésa no es la cuestión. Aquí lo que se dirime es si el PP se financió ilegalmente, si para ello fueron utilizados recursos públicos aunque fuera mediante un procedimiento triangular en el que participaban empresas locales, si estos recursos públicos también sirvieron para enriquecer a los presuntos delincuentes y hasta dónde llegaban sus lazos con Camps y sus hombres de confianza, si éstos actuaban mal sabiendo que actuaban mal, si mintieron o no a la sociedad (a su partido, sí, desde luego) y si utilizaron tráfico de influencias en algunas de sus acciones, entre ellas las judiciales. No nos enredemos con el paisaje.

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