El patrimonio de los cargos públicos

Editorial

Las notas de nombramiento y cese de los cargos públicos y de la toma de posesión de los diputados, senadores, alcaldes y concejales que se remiten a los medios de comunicación en tales casos deberían reflejar, junto a los datos personales, políticos y profesionales de los protagonistas, una declaración jurada de los bienes que poseen. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el patrimonio del que disponen los políticos que les piden su confianza, tanto en el momento en el que acceden a las responsabilidades como en el de abandonarlas. Es probable que de esa manera la ciudadanía no se viera asaltada con tanta frecuencia con noticias sobre corruptelas y aprovechamiento del cargo en beneficio de quien lo ostenta y no de los intereses generales. El código de buenas prácticas diseñado por el Gobierno central ha permitido conocer los bienes que disfruta cada uno de los ministros y secretarios de Estado y es un espléndido ejemplo de transparencia.
No hace falta decir que, como tal ejemplo, tendría que extenderse al conjunto de las administraciones. En la Comunitat Valenciana debería tomarse rápida nota de esta iniciativa: los miembros del Consell y la totalidad del personal político autonómico, los diputados; los alcaldes y concejales de todos los municipios; la Administración estatal que coordina la delegación del Gobierno... Todos los políticos con responsabilidades públicas deberían tener como una de sus obligaciones la de dar cuenta pública de su situación patrimonial al inicio y al final de su mandato. Alguna vez debe llegar el momento de establecer este código como parte fundamental de la transparencia en la gestión de la cosa pública.